Las y los participantes en el Simposio 2001. Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas, llamamos la atención a los Estados, sociedad civil, medios de comunicación y organismos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, y los instamos a tomar en consideración que:

1. Los Estados han asumido responsabilidades y obligaciones a través de las diferentes convenciones y acuerdos internacionales, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, así como las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer;
2. La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, a lo largo del ciclo de vida y tanto en el ámbito público como privado constituye una violación de los derechos humanos. Es también un obstáculo para la equidad y un problema de justicia. Por las graves implicaciones que tiene para la salud de las mujeres, debe ser considerada una prioridad de salud pública;
3. Esta violencia se ha perpetuado y tolerado como resultado de inequidades históricas, culturales y estructuralmente arraigadas en las relaciones entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos socioculturales, económicos y políticos;
4. A pesar de la existencia de legislaciones protectivas que sancionan la violencia contra la mujer, en la mayoría de los países de la región persiste la impunidad, lo cual es agravado por las dificultades que todavía enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia;
5. La violencia contra las mujeres conlleva un alto costo social y económico para el desarrollo individual, comunitario y nacional, y afecta negativamente las perspectivas de las futuras generaciones para vivir libres de cualquier forma de violencia que tenga lugar en la familia y la comunidad, así como de la tolerada y perpetrada por el Estado;
6. Para abordar las complejidades de la violencia de género se deben emprender acciones conjuntas y coordinadas por parte de todos los sectores relevantes, que garanticen la protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres tomando en consideración la diversidad etárea, étnica, de clase, de orientación sexual y de creencia, entre otras;
7. La violencia contra las mujeres, basada en el género, constituye también un problema de salud pública. En este sentido, el sector salud, tiene responsabilidad en su abordaje, debiendo aportar una respuesta integral, que considere el bienestar emocional, mental y físico a lo largo del ciclo de la vida de las mujeres;
8. Es esencial, además, que las mujeres tengan acceso tanto a información y educación, como a recursos sociales, económicos y jurídicos que les permitan construir sus vidas libres de violencia;

1. El Estado debe garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos a una vida libre de violencia y a la salud integral y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, mediante mecanismos de protección eficaces y accesibles a las mujeres, para que de esta manera se propicie el ejercicio pleno de la ciudadanía y su emponderamiento;
2. El Estado debe garantizar el pleno acceso de las mujeres a la justicia asegurando la aplicación efectiva de la legislación nacional vigente, en correspondencia con las convenciones internacionales ratificadas sobre los derechos humanos de las mujeres;
3. Los Estados deben ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para garantizar el pleno acceso de las mujeres a los mecanismos de protección internacional;
4. Instar a los Estados a que asignen recursos humanos y financieros suficientes en los presupuestos nacionales, regionales y locales, especialmente en el sector salud, así como involucrar al sector privado y la cooperación al desarrollo, para reducir los altos costos que la sociedad enfrenta como consecuencia de la violencia de género;
5. Promover la creación de una cultura de no-violencia mediante estrategias de educación y sensibilización dirigidas a hombres y mujeres, especialmente a través de los medios masivos de comunicación y del sector educativo, como herramientas fundamentales para evitar la reproducción generacional y social de la violencia;
6. Eliminar estereotipos y actitudes que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres y las niñas, fomentando la participación de hombres y niños en su prevención y erradicación;
7. Promover legislaciones e institucionalizar políticas y programas que aborden, desde un marco intersectorial, la equidad de género y la violencia contra las mujeres y niñas, en todas sus manifestaciones;
8. Integrar y reforzar la prevención y la atención de la violencia de género en las políticas y programas del sector salud, en sus normas y protocolos, en el marco de la reforma del sector salud, y a todos los niveles, especialmente en la atención primaria, en la salud sexual y reproductiva; y en intervenciones en salud mental, enfatizando la protección a las mujeres migrantes y a quienes conforman grupos étnicos discriminados;
9. Mejorar la calidad de la atención, a través de servicios integrales, de tal manera que ofrezcan un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas discriminatorias institucionales;
10. Sensibilizar y capacitar al personal de salud en la identificación, diagnóstico y atención a la violencia de género, así como brindarles las herramientas conceptuales y técnicas, apoyos psicosociales y de protección jurídica y personal para que participen activamente con el sistema legal en la canalización y peritaje de los casos;
11. Reforzar los mecanismos de coordinación entre el sector salud y otros servicios clave para la prevención, atención y protección, tanto en instituciones gubernamentales, como en las privadas, incluyendo las no-gubernamentales, asegurando la protección de mujeres en situaciones de alto riesgo;
12. Garantizar el derecho a la privacidad y la confidencialidad en la atención a las mujeres y adolescentes;
13. En casos de violación, promover y facilitar la anticoncepción de emergencia, la prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo al SIDA y acceso a servicios seguros para la interrupción del embarazo, donde sea permitido por la ley;
14. Asegurar atención especializada al incesto a menores de edad en los servicios de salud;
15. Estandarizar metodologías y conceptos en la recolección de información y estadísticas en el sector salud que visibilicen la magnitud de la violencia de género y que permitan su seguimiento y evaluación de impacto, incorporando mecanismos de vigilancia ciudadana;
16. Promover investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en la salud de las mujeres;
17. Promover que la problemática de la violencia de género sea tratada en foros nacionales, regionales e internacionales, al más alto nivel;