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GUATEMALA, Guatemala, ABRIL 3, 2000
(Cerigua/CIMAC).-
La aceptación de la Audiencia Nacional Española (ANE) de dar
trámite a la denuncia interpuesta por la Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, es una esperanza para miles de familiares de las
víctimas de masacres que por mucho tiempo buscaron justicia y
nunca la encontraron, indicó Rosario Pú, querellante adhesiva del
caso.Dijo que ella en lo personal se convirtió en parte acusadora, ya que parte de su familia fue masacrada por las Patrullas de Autodefensa Civil y el Ejército, y aunque presentó la denuncia al Ministerio Público, este organismo nunca le dio el trámite correspondiente.
Pú relató que el 2 de enero de 1982, 50 soldados de la zona militar número 20, de Quiché, acompañados de 10 patrulleros de San Pedro Jocopilas. llegaron al Cantón Pamecebal II de Santa Cruz, donde masacraron a sus abuelos Pedro Pú Castro y Rosario Pérez, además de su sobrino Pedro Pú Gómez.
Agregó que su abuelo fue asesinado de tres disparos en la cabeza y sus otros familiares no se pudo determinar cuántos disparos les fueron acertados. Después de la masacre el ejército ordenó enterrar inmediatamente los cadáveres detrás de la casa para no ser descubiertos o, de lo contrario, serían arrojados al río.
Dijo que ante este doloroso hecho se vio motivada a adherirse a la denuncia presentada por la Premio Nobel de la Paz, para que por intermedio de organismos de justicia internacionales, en Guatemala se logre llegar a la justicia y castigar a los responsables de numerosas violaciones a los derechos humanos.
En la querella presentada en España se acusa de genocidio, tortura y terrorismo de Estado a los militares, Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Romeo Lucas García, Angel Aníbal Guevara, Benedicto Lucas García, Germán Chupina Barahona y los civiles Pedro García Arredondo y Donaldo Alvarez Ruiz.