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México DF, AGO 3, 2000
(Román González/CIMAC).-
Las
elecciones del próximo 20 de agosto en Chiapas redefinirán el
rumbo del estado, donde una mayor participación ciudadana que
se ha sumado a la Alianza por Chiapas debilita ya las estructuras
clientelares del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó
Onésimo Hidalgo, integrante del Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).Por su parte, Nellys Palomo, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, señaló que el proceso electoral y su resultado serán cruciales para que se pongan en marcha los acuerdos de San Andrés Larráinzar y se reestablezca el diálogo, tomando en cuenta la voz y las demandas de las mujeres de la entidad.
Para Hidalgo, las pasadas elecciones del 2 de julio impactaron positivamente el proceso electoral local, toda vez que se registra, como nunca antes, una “desbandada” de las bases y militantes del PRI, que se suman a la Alianza por Chiapas que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía.
Esta situación, aseguró, se registra en por lo menos 20 municipios. “La gente se sumó al movimiento de la sociedad civil, que construye Salazar Mendiguchía, por lo que está debilitado el sistema clientelista que el PRI mantuvo durante más de 70 años en las comunidades indígenas, campesinas y en distintos sectores de la sociedad”.
Cifras oficiales indican que Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional por su grado de marginación, de los 111 municipios del estado 33 se ubican dentro de la categoría de “muy alta” marginación, el 20 por ciento del total de la población no recibe ingresos, mientras que el 40 por ciento recibe menos de un salario mínimo.
Aunado a lo anterior, otros indicadores señalan que de sus tres millones 920 mil 515 habitantes, el 69 por ciento es analfabeta, la mayoría son mujeres. Además, el mayor porcentaje son monoligües, situación reflejada por su escasa asistencia escolar como por su reclusión en la vida doméstica y familiar.
El investigador de CIEPAC, con sede en San Cristóbal de las Casas, consideró el 20 de agosto que se elegirá al gobernador de la entidad, en materia de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, dijo que independientemente del gobierno que sea electo, éste debe cumplir con ellos, además de garantizar un desarrollo sustentable, amén de abatir los rezagos de pobreza y marginación de la mayoría de la población.
Algunos de los acuerdos, firmados en 1996, destacan que los pueblos indígenas podrán decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente, en tanto no sean contrarios a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, en particular los de las mujeres.
Asimismo, el gobierno federal asume el compromiso de construir un nuevo pacto social que erradique las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden.
Al respecto, Nellys Palomo de la organización K’inal Ansetik señaló que hasta 1992, los pueblos indios no existían en las leyes mexicanas, no tenían reconocimiento legal. Con la reforma, agregó, al artículo cuarto constitucional se podría lograr el reconocimiento de la pluriculturalidad, “no implicando esto un cambio sustancial en trato y el respeto a sus derechos”.
Asimismo, añadió, la autonomía que se discute en muchas regiones, busca poner énfasis en la transformación de un nuevo régimen de Estado, que tome en cuenta la pluralidad y el respeto que merecen los pueblos indios, buscando acabar con el actual, que se ha caracterizado como centralizador, excluyente, autoritario y negador de la pluralidad étnica.
Palomo aseveró que para que la propuesta de autonomía tenga un planteamiento global debe considerar la situación de discriminación que viven las mujeres indígenas. “Se debe reconocer la vulnerabilidad en que se encuentran las indígenas, quienes tiene una doble discriminación por ser mujeres e indígenas, cargando con las peores tareas en condiciones de total indefensión”.
Así, dijo, si se quiere integrar un planteamiento de autonomía justo, democrático y de igualdad, es necesario considerar a la otra parte implicada, las mujeres. “No es posible que hoy sigan prevaleciendo ciertas tradiciones donde las mujeres son consideradas como un objeto sexual, que se puede vender al mejor postor sin importar su opinión y su decisión”.
Finalmente Onésimo Hidalgo recordó que la posición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en cuanto al proceso electoral es positiva, al permitir la instalación de casillas en su territorio, así como garantizar las condiciones para que se realice el proceso electoral y señalar a sus bases y militantes la libertad para que puedan votar por el candidato que crean conveniente.