Exigencia en materia de salud sexual y reproductiva en Cairo+5

Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el respeto de los derechos humanos

México DF, AGO 3, 2000 (Silvia Magally/CIMAC).- Una de las exigencias en materia de salud sexual y reproductiva derivadas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo Cairo+5, es que los gobiernos aseguren programas libres de toda coerción y garanticen el respeto por los derechos humanos en todas sus políticas.

Igualmente que proporcionen capacitación a los proveedores de salud, de tal modo que sean garantes de los derechos humanos, estén informados respecto a la violencia sexual y tengan la posibilidad de proporcionar información precisa acerca de la prevención y los síntomas de las enfermedades del aparato reproductor.

De acuerdo con el documento de medidas clave de la CIPD + 5, los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, donantes y el sistema de Naciones Unidas deben incrementar las inversiones destinadas a aumentar la calidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.

La subsección “Garantía de servicios voluntarios de planificación de la familia de buena calidad” establece parámetros para cerrar la brecha entre el uso de anticonceptivos y la proporción de individuos que expresan un deseo de espaciar o limitar sus familias en un 50 por ciento para el año 2005 y en 100 por ciento para el 2050, aunque se descarta la imposición de metas demográficas.

Respecto al tema del aborto, se incluyen estrategias cruciales para asegurar el derecho humano a la maternidad sin riesgos, es decir, el derecho de las mujeres a estar libres de complicaciones prevenibles del embarazo y el parto.

Igualmente se insta a los gobiernos a dar prioridad a la reducción de la morbimortalidad materna y a garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención obstétrica esencial y de emergencia; a servicios de atención de salud materna bien equipados y con el personal adecuado; a la asistencia calificada durante el parto, a que sean canalizadas a niveles superiores de atención siempre que sea necesario, a la atención postparto y a la planificación familiar.

Además se conmina a los gobiernos a apoyar la educación en materia de salud pública y a crear conciencia de los peligros del embarazo, los dolores de parto y el parto propiamente dicho.

Y se recomienda que en los países donde la mortalidad materna es alta, a que por lo menos 40 por ciento de todos los nacimientos estén asistidos por personal especializado en el año 2005; 50 por ciento, en el 2010, y alcanzar un 60 por ciento, para el 2015.