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México DF, AGO 3, 2000
(Román González/CIMAC).-
Para
los movimientos de mujeres, la Plataforma de Acción Mundial
(PAM) de la IV Conferencia Mundial de la Mujer --realizada en
Pekín, China 1995-- recoge un conjunto de aspiraciones, intereses
y necesidades de la mitad de la población a lo largo de los últimos
30 años. Lo anterior forma parte de la declaración política, que bajo el lema “Algo más que palabras, mecanismos, recursos y justicia de género en el Siglo XXII”, hicieron 150 mujeres, representantes de ONG de América Latina y el Caribe, al evaluar los resultados de su aplicación en la región.
Señalaron que a cinco años de la aprobación del PAM, las organizaciones de mujeres han implementado múltiples iniciativas locales, nacionales, regionales e internacionales, para establecer vínculos de interlocución con las distintas instancias de poder público en sus respectivos países, así como las agencias de cooperación multilaterales y el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se trata, aseguraron, de un valioso instrumento que recoge muchas de las demandas que posibilitan la realización de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, “quienes hemos luchado por preservar el espíritu y la integridad del PAM, resistiéndonos a su fragmentación y al debilitamiento de sus contenidos”.
Sin embargo, aseveraron, la intensa movilización y el compromiso asumido por los movimientos de mujeres y feministas, no ha sido acompañado con el mismo vigor y responsabilidad por todos los gobiernos de la región.
Su balance señala que han observado avances en el plano legislativo, en planes nacionales de igualdad, en la creación de mecanismos gubernamentales a favor de la mujer y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Pero, afirmaron, estos logros han sido desiguales de país a país y en algunos casos se advirtieron graves retrocesos que afectan las condiciones de vida de las mujeres y el clima democrático de la región.
En el plano económico, resalta su análisis, las reformas impulsadas por los gobiernos de la zona no han contribuido a fortalecer la institucionalidad democrática, “comprometiendo seriamente el ejercicio de los derechos ciudadanos y afectando especialmente las aspiraciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.
Exigieron que para cumplir los compromisos en el PAM, los Estados deben reafirmar y garantizar el carácter transversal de las recomendaciones que recoge, asegurando que las políticas públicas respondan a los objetivos estratégicos de dicha plataforma, acompañándola con la asignación de recursos.
Además, resaltaron, que el ideal de igualdad de las mujeres se sustenta en la remoción de toda forma de discriminación y desigualdad basadas en la raza, etnia, cultura, orientación sexual, clase, religión, nacionalidad, discapacidad, entre otras. “La construcción de sociedades plurales requiere del ejercicio democrático del derecho a la información y la libre expresión ciudadana”.
Concluyen que es condición fundamental para hacer realidad los objetivos del PAM, la puesta en práctica de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual ha sido suscrita y ratificada por todos los países de la región.