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México DF, AGO 10, 2000
(Sonia del Valle/CIMAC).-
Rosario Robles, jefa de Gobierno de la ciudad de México,
presentó una petición a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) para que se agende en el periodo
extraordinario de sesiones -que comenzará el 18 de agosto- la
iniciativa de ampliar las causales de aborto en el Código Penal
y la reglamentación de las mismas en el Código de
Procedimientos Penales.El anuncio fue dado a conocer por el líder de la ALDF, Martí Batres, quien afirmó, al término de la reunión de la Comisión de Gobierno, que la petición de Robles Berlanga será incluida, aunque ello no signifique las y los legisladores locales la vayan a aprobar.
Señaló que es preciso, en este caso, consultar a la ciudadanía, especialmente a las mujeres para que se pronuncien sobre el particular y los legisladores puedan tomar una decisión.
La propuesta del gobierno capitalino es incluir una excepción de aborto a las que actualmente se permiten en el Código Penal --violación, peligro de muerte de la madre, e imprudencial--, aunque Batres no mencionó cual, trascendió que Robles Berlanga estaría proponiendo la causal de peligro a la salud de las mujeres.
Asimismo incluye la reglamentación de todas las causales en el Código de Procedimientos Penales, a fin de que las mujeres pueden practicarse un aborto en condiciones óptimas, con lo que se reducirían las muertes por aborto mal practicados y/o los embarazos impuestos, como fue el caso de la joven Paulina, a quien el gobierno de Baja California, le negó el derecho a practicarse el aborto producto de una violación.
Por su parte, la Campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que agrupa a más de 40 Organizaciones no Gubernamentales de derechos humanos y de mujeres, recibió con beneplácito la noticia de la Jefa de Gobierno, toda vez que el tema del aborto fue suprimido de la reforma al Código Penal realizada el año pasado.
Orfe Castillo, integrante del Consorcio para la Equidad y Diálogo Parlamentario, señaló que la estrategia de incluir la causal del aborto y la reglamentación que habían demandado durante las negociaciones con las y los legisladores en el proceso de elaboración de la reforma al Código Penal capitalino, “llega en buen momento, porque es claro que la reacción de la sociedad frente al caso Guanajuato ha sido muy positiva”.
En tanto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó a la ALDF, en el marco de las discusiones de la reforma del Código Penal del año pasado, la propuesta para reglamentar las excepciones de aborto, incluidas en el mismo.
GIRE propone adicionar el artículo 131 bis al Código de Procedimientos Penales que a la letra dice: “si en la revisión se comprueba la existencia de un embarazo, producto de la violación, el Ministerio Público autorizará, a solicitud de la víctima, que se interrumpa el embarazo de acuerdo a lo previsto en el Código Penal”.
Agrega que “el Ministerio Público deberá expedir la autorización dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud”.
Asimismo, plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 56 y el artículo 56 bis de la Ley General de Salud, para quedar: “En caso de que una mujer sea víctima de violación, el Ministerio Público dispondrá que sea revisada en una institución de salud para comprobar si existe embarazo como consecuencia de la agresión. Además, si la mujer lo solicita, remitirá la autorización para que se interrumpa el embarazo en los términos del Código Penal”.
En el caso del artículo 56 bis, se propone que “las instituciones públicas de salud gratuitamente y en condiciones óptimas de calidad deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por el respectivo Código Penal cuando la mujer interesada así lo solicite. En caso de que la mujer no esté en condiciones de expresar su conocimiento y corra peligro su vida, el aborto se practicará con el dictamen del médico que la asista quien, de ser posible, consultará la opinión de otro médico.
“Cuando las creencias religiosas y las convicciones personales de los prestadores de servicios de salud estén contrapuestas a la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, tales prestadores podrán ser objetores de conciencia y por tal razón podrán excusarse de intervenir. Será obligación de las instituciones de salud el garantizar que en todos los servicios público de salud se contará de manera permanente con personal que no sea objetor de conciencia en la materia”.