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México DF, AGO 10, 2000
(Sonia del Valle/CIMAC).-
Que se
penalice el aborto, pero que no se castigue “con el mismo rigor”
a las mujeres que se lo practican cuando el embarazo es
producto de una violación. La anterior es la propuesta de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) quienes tras la andanada de críticas que obligaron incluso al presidente electo, Vicente Fox, a pronunciarse sobre el tema en Argentina y Brasil, tuvieron que introducir una enmienda que podría discutirse sólo si el gobernador del estado, Ramón Martín Huerta, ratifica el Código Penal aprobado.
El día de ayer a media tarde, tanto los legisladores del PAN como los legisladores de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), presentaron al pleno -cada grupo- una enmienda al Código Penal que todavía no está vigente.
De acuerdo con el reglamento legislativo, ambas iniciativas deberán pasar a la Comisión de Justicia para que ésta pueda revisarlas y dictaminarlas si el Código Penal entra en vigor.
Tras conocer la propuesta de los legisladores del PAN, la diputada local de Guanajuato por el PRD, Martha Lucía Micher, afirmó en entrevista que la única opción viable para que no se violenten los derechos humanos de las mujeres es que el gobernador del estado vete el Código Penal, proponga una nueva redacción al artículo 163 fracción segunda, y devuelva al Congreso local dicho ordenamiento jurídico, a fin de que las y los legisladores lleguen a un consenso.
Cabe destacar que el presidente de la Comisión de Régimen Interno (CRI), el panista Ricardo Torres Origel, afirmó que la enmienda del PAN “no da marcha atrás a la propuesta original”, porque su partido está por la penalización del aborto, pero “no con el mismo rigor” a una mujer que aborta cuando ha sido violada.
Por ello, las y los legisladores panistas proponen que el “tribual” reduzca las sanciones y en su caso no imponga ninguna de “carácter corporal”, tomando en cuenta la edad, el desarrollo psicoemocional, exista probada ignorancia, si es capaz o incapaz y el estado de salud de la mujer.
Aunado a ello, el tribunal deberá tomar en cuenta “las condiciones en las que se desarrolló el hecho delictivo”; y las condiciones del violador, tales como “el parentesco de la víctima y el estado de salud del violador”.
Por su parte, según declaraciones publicadas en el periódico local “El Correo de Guanajuato”, el presidente estatal del PAN, Gerardo de los Cobos, desestimó las protestas en contra de la medida que aprobaron los legisladores de su partido. Sin embargo, dijo que “estamos dispuestos al diálogo con otras fuerzas políticas para lograr consensos”.
Afirmó que “no se arriesgarán a una confrontación social innecesaria ni vamos a forzar a un gobernador a que ejerza la facultad de veto”, aunque reiteró que “no todas las mujeres están en contra de la medida”.
A raíz de las protestas de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de mujeres y los pronunciamientos de rechazo en todo el país, integrantes de la organización Provida no dejaron pasar el momento y se pronunciaron a favor. Sin embargo, pese a las voces de no más de 40 personas que se manifestaron afuera del edificio central de la Universidad de Guanajuato y de las declaraciones de la jerarquía de la Iglesia católica, no alcanzan a opacar el repudio social generalizado.