|
|
 |
México DF., AGO 10, 2000
(Román González/CIMAC).-
La
exclusión de la vida pública de la población femenina, tiene su
raíz en el desequilibrio de las relaciones de poder entre hombres
y mujeres y en las actitudes, así como las prácticas
discriminatorias que se inician en el seno de la familia y se
proyectan en la vida política, aseguró Verónica Cruz Sánchez,
integrante de la Coordinación Nacional de Organismos Civiles
por un Milenio Feminista.Aunque las mujeres, dijo, constituyen la mitad del electorado, poco menos del 20 por ciento de los lugares legislativos y un porcentaje inferior de puestos en secretarías de Estado y alta dirección, están ocupadas por ellas.
Por ello, aseveró, es necesario impulsar una mayor participación de las mujeres en la vida política nacional, estatal y local, para que asuman la titularidad de cargos de alto nivel y dirección, tanto en los de elección popular como en las instancias de los tres poderes de gobierno “hasta lograr que la representación de la mujer en esos espacios de poder, sea por lo menos del 30 por ciento”.
Cruz Sánchez consideró que es importante lograr que los Institutos de la Mujer, partan de la creación y aprobación de una iniciativa de Ley en las 31 entidades federativas, a efecto de que se consoliden como organismos autónomos para que sean espacios de toma de decisiones e impulso a iniciativas, independientes de la línea gubernamental en turno.
Asimismo, aseguró, respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres, que es necesario impulsar la tipificación de la violencia intrafamiliar como delito en todas las entidades de la República, a efecto de garantizar su prevención y erradicación.
También, consideró urgente que el Estado garantice a la población femenina -niñas, adolescentes, adultas y de la tercera edad- el acceso universal a los servicios de salud, mediante el diseño y aplicación de políticas públicas que prioricen servicios de calidad a la población femenina.
Para ello, dijo, se tienen que generar espacios y mecanismos para las estrategias públicas de promoción de la salud sexual y reproductiva, principalmente para las personas que viven en situación de marcada opresión sexual.
Además, señaló la necesidad de modificar la legislación laboral para garantizar la equidad en el acceso al empleo, la igualdad en el salario y la estabilidad y acceso a las prestaciones laborales y propuso suprimir y sancionar la práctica del examen de ingravidez al solicitar un empleo y el despido por embarazo, así como el hostigamiento sexual en los centros de trabajo.