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México, DF., AGO 14, 2000
(Miriam Ruiz/CIMAC).-
Por su
condición indígena, las mujeres originarias de las 60 etnias del
país que migran a la capital para trabajar en el comercio
ambulante son hostigadas por la policía, las mafias de la vía
pública, así como por parte de sus empleadoras y empleadores
cuando se desempeñan como trabajadoras del hogar. Ante tal indiscriminación, 30 organizaciones civiles exigieron respeto a los derechos humanos, mientras que al gobierno federal pidieron el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas y la reforma constitucional con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar durante el Primer Foro Indígena en la Ciudad de México que concluyó el domingo en esta ciudad.
En el Distrito Federal habitan 218 mil personas pertenecientes a los pueblos mixteco, triqui, mixe, mazahua y nahua, entre otros, por lo que exigieron al gobierno del DF la inclusión de los derechos indígenas en la legislación local, la aprobación de una partida presupuestal para fomentar la participación económica y educativa que promuevan la pluriculturalidad, así como programas de atención a indígenas en las 16 delegaciones políticas.
En el caso de las mujeres indígenas, su escaso manejo de la lectoescritura y del español reduce sus posibilidades de obtener un empleo distinto del comercio en las calles o del trabajo doméstico, donde son discriminadas de forma permanente.
Magdalena García Durán, mazahua y secretaria de la Coordinadora Femenil de la Unión de Artesanos, tras aclarar que las familias abandonan sus comunidades por necesidad, exigió libertad para comercializar sus productos.
Señaló que las indígenas en la ciudad de México usualmente expenden artesanías a precios por debajo de su valor comercial, así como botanas, dulces o fruta y, aunque la situación ha mejorado con el nuevo gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todavía son pocos los espacios donde pueden realizar su vendimia sin condiciones ni amenazas de los granaderos y líderes del comercio ambulante.
Además de la creación de espacios comerciales, García exigió un mayor impulso a los microcréditos que les permitan buscar oportunidades para prosperar, al tiempo que señaló que el nombre de “indígena migrante” es discriminatorio, ya que residen aquí.
Por su parte, la representante del Grupo “La Esperanza” de Trabajadoras Domésticas, Gabriela Valdez, propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) ante la baja calidad de vida de las empleadas del hogar, peor cuando se trata de mujeres indígenas quienes por tener habitación y alimento son sometidas a largas jornadas y ninguna prestación.
Finalmente, tras denunciar las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras domésticas que viven amenazas y hostigamiento sexual al interior de los hogares donde laboran, llamó a las mujeres mestizas y de otras clases sociales a considerar sus causas.