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México DF, AGO 16, 2000
(Sonia del Valle/CIMAC).-
Hasta
antes de la discusión generada a partir de la reforma al Código
Penal de Guanajuato, el Estado mexicano había sostenido una
posición ambivalente en relación con el tema del aborto, al
mismo tiempo que había liberalizado las excepciones de no
punibilidad en secreto, aseguró Adriana Ortiz Ortega, en el
Foro sobre Aborto, realizado esta mañana.Ortiz Ortega, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, aseguró que el Estado mexicano liberal estableció desde 1871 una pena menor para el delito de aborto, separando éste del delito de homicidio.
Dijo que en la discusión sobre el aborto de los días recientes, es preciso tomar en cuenta la nueva actitud del Estado, justo en los momentos en que el proceso de globalización tiende hacia la desaparición del mismo. “Hoy el Estado busca fortalecer su poder en alianza con otras instituciones como lo es la Iglesia”.
Sin embargo, sostuvo que desde 1931, durante la discusión del Código Penal, tras la Revolución Mexicana, se desarrollaron los argumentos a favor de la liberalización del aborto que hasta el día de hoy prevalecen, porque en el fondo del debate está la concepción del Estado laico y liberal que dan fundamento a la nación mexicana, a pesar del cambio democrático.
Por su parte, Marta Lamas, antropóloga feminista y directora de la revista Debate Feminista, abundó sobre el tema de las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia católica. Agregó que en los años recientes, después de la Guerra Cristera, entre ambos se gesta un pacto “como de no agresión y no intromisión” y, desde entonces, y hasta 1998, el tema del aborto surge de manera cíclica, sobre todo para ampliar la política de población o la política educativa en torno de la sexualidad que requiere el gobierno, anteponiendo a ello el tema del aborto.
En tanto, María Consuelo Mejía habló sobre la falta de respeto de la jerarquía de la Iglesia católica ante sus feligreses, al erigirse como la única verdad y moral posible, cuando las propias enseñanzas de la Iglesia consideran que las cuestiones morales no son dogmas de fe. Aseguró que “no hay ninguna enseñanza católica sobre derechos sexuales y reproductivos que sea dogma y, por tanto, sea infalible”.
Por el contrario, la jerarquía de la Iglesia “oculta, como una manera de controlar a las personas a partir del ejercicio de su sexualidad, que hay excepciones en relación con el principio de la defensa de la vida, como ha sido demostrado por el propio Vaticano, al no condenar como lo hace con el aborto, las guerras fratricidas en Kosovo, el Holocausto, la matanza de Acteal, suscitada en 1997 en el estado de Chiapas”.
Recordó que el Papa Juan XXIII dijo “que era preciso abrir las ventanas del Vaticano para que saliera el polvo imperial”, y organizó una Comisión Papal sobre el Control de la Natalidad, a fin de analizar si era necesario o no que la Iglesia católica cambiara su concepción en torno al tema.
Las conclusiones, mencionó Mejía, de dicha comisión fueron a favor de cambiar la postura del Vaticano, sin embargo, una minoría que se ha fortalecido con la llegada del Papa Juan Pablo II ha hecho caso omiso de las conclusiones de la Comisión y, por el contrario, ha puesto sus mayores recursos y energía en el tema de la sexualidad, pronunciándose en contra del ejercicio de la misma sin fines reproductivos.
Incluso, aseguró Mejía, el propio Papa Juan Pablo II en su Encíclica Vitae alude a la libertad de conciencia como el único ámbito que se puede aceptar en aquellas cuestiones en donde no hay consenso, como es el caso del aborto, porque hay libertad de conciencia por encima de aquellos principios que no han sido declarados como infalibles.