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México DF, AGO 16, 2000
(Miriam Ruiz/CIMAC).-
Tras el
reconocimiento de los derechos humanos de la población
femenina por el Estado mexicano, en tratados y convenciones
internacionales, la comunidad mundial tiene el poder y
obligación de garantizar que éstos se cumplan por encima de
cualquier gobierno, aseguró la consejera de la organización
Human Rights Watch y activista mundial por los derechos
humanos de las mujeres, Charlotte Bunch.En el contexto de la mundialización, los derechos humanos de las mujeres, entre los que se cuentan el respeto a su integridad física y mental, como consigna de Naciones Unidas, deben ser velados por los gobiernos y la ciudadanía dentro o fuera del país, particularmente cuando cualquier instancia de gobierno los violenta, pasando por alto los tratados y convenciones con los que el Estado se ha comprometido, explicó.
Bunch, quien recibiera en 1999 el premio Eleanor Roosevelt por su trayectoria en defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, aseguró que aunque no se puede como personas en lo individual proteger los derechos de cada persona, “sí podemos demandar a los Estados que cumplan sus compromisos, tal y como se asientan en las convenciones y tratados.”
La directora del Centro de Liderazgo Global para Mujeres, que desde hace 10 años impulsa la Campaña “16 días de activismo por los derechos humanos de las mujeres” en los cinco continentes, destacó que cada vez más la población femenina en el mundo entiende que “acabar con el control y violaciones a nuestro cuerpo es una discusión fundamental sobre nuestra humanidad y, por tanto, un asunto de derechos humanos. Cuando una mujer es violada ella lo sabe, aunque no tenga las palabras para expresarlo.”
Para ello, Bunch, a través del Centro de Liderazgo Global para Mujeres en la Universidad de Rutgers, busca la movilización mundial de la población femenina para conseguir que cada vez sean menos las niñas que en Ruanda, Bosnia o México sean obligadas a tener el producto de una violación o sufran cualquier forma de violencia en cualquier ámbito de su vida.
Bunch, quien desde hace 20 años participa activamente en las conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre mujeres, población y desarrollo, así como de derechos humanos, refirió que “actualmente Naciones Unidas reconoce la violación en conflictos armados y el embarazo forzado como un crimen de guerra, y ¿por qué no considerarlo así en el ámbito individual?”.
Lo anterior, en relación con las nuevas reformas al Código Penal de Guanajuato --aprobado el pasado 3 de agosto-- penaliza hasta con seis años de cárcel a las mujeres que se practiquen un aborto, aun después de sufrir una violación.
“Tengo la firme convicción de que las mujeres tienen el derecho a controlar su reproducción aun cuando no hablemos del producto de una agresión sexual. Pero cuando eso ocurre es una violación doble a sus derechos si no se le permite abortar, porque la lista de violaciones continua cuando ésta es obligada a dar a luz un hijo no deseado, ya sea que lo conserve o lo de en adopción, porque es un evento que marca toda la vida.”
La vigilancia del respeto a los derechos humanos, agregó, es una obligación de los gobiernos desde la óptica de la ONU y de los propios gobiernos en cuanto firman las convenciones y tratados al respecto, tal y como lo ha hecho México al ratificar la Convención contra Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), la Declaración de Viena sobre los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, entre otros.
En 1994, México firmó también un tratado interamericano contra la violencia hacia las mujeres conocido como Belém do Pará, mismo que compromete a los gobiernos firmantes a garantizar que la protección de su población femenina contra todas las formas de violencia.
La Plataforma de Acción, signada por México en 1995 durante la Cuarta Conferencia de la Mujer en Pekín, China, y cuyos compromisos se ratificaron en junio pasado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, es en general un documento sobre los derechos humanos de la población femenina, tanto en la esfera sexual, reproductiva, como social y económica, explicó la especialista.
En México, el cumplimiento de los tratados y convenciones son ley suprema, es decir, por encima de cualquier ley local. Y ante el incumplimiento o violación de los mismos que se reflejan en la violencia institucional en el cuerpo femenino, es necesaria la movilización mundial.
Así lo ha hecho desde la década de los años ochenta Charlotte Bunch, quien el día de ayer presentó el libro “Los derechos de las mujeres son derechos humanos: una movilización mundial”, obra de la cual es coautora, junto con Claudia Hinojosa y Niahm Reilly, y que documenta con testimonios la lucha por garantizar la humanidad de las mujeres desde Japón hasta el estado de Hidalgo en México.
Sobre ella misma, Bunch refiere ser producto de la generación de los años sesenta, donde al asistir a la Universidad de Duke en el estado sureño de Carolina del Norte, se integró al movimiento de los derechos civiles en favor de la población negra, y tomó conciencia de la necesidad de trabajar en el aspecto político.
Académica de la Universidad de Rutgers, a finales de los setenta participó en los movimientos pacifistas contra la Guerra de Vietnam. Además trabajó en el Instituto de Estudios sobre Políticas Públicas al que describe como un centro de investigación de izquierda, progresista en Washington. Fue iniciadora del Movimiento de Liberación de Mujeres de Washington y del colectivo lésbico feminista Las Furias.