¿El nuevo gobierno logrará la paz en la entidad?

Una esperanza de cambio para la población chiapaneca, las próximas elecciones

México DF, AGO 18, 2000 (Román González/CIMAC).- La ciudadanía chiapaneca renovará el Poder Ejecutivo estatal, después de años de gobernadores interinos por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de polarización social, falta de gestión para la reconciliación, de inversión estéril de miles de millones de pesos y de la vigencia de todas las condiciones que generaron el levantamiento armado.

Con un padrón electoral de dos millones 80 mil 781, donde las mujeres representan el 51.22 por ciento, el costo de estas elecciones asciende a más de 129 millones de pesos. Habrá 28 mil funcionarios de casillas, 15 mil representantes de los partidos políticos y mil 500 servidores públicos electorales.

El relevo de gobernadores priistas ha sido constante. De 1988 a 1993 gobernó Patricio González Garrido, fue sustituido por Elmar Setzer Marsella --enero 1993/enero de 1994-- quien a su vez fue reemplazado por Javier López Moreno a 11 meses de concluir el periodo legal.

Eduardo Robledo Rincón “ganó” las elecciones --en 1994--, pero permaneció sólo dos meses con seis días. Su relevo fue Julio César Ruiz Ferro --febrero 1995/febrero 1998-- para ser sustituido por el actual gobernador Roberto Albores Guillén.

En cambio, permanecen muchas de las causas que mantienen al estado como uno de los más pobres del país y con un rezago social centenario, las que también provocaron la rebelión armada de 1994, que paradójicamente sacó a la luz pública a los sectores más vulnerados de la población y colocó en la agenda nacional a Chiapas, una entidad olvidada años atrás.

A la par, el estado ha sido testigo de las agresiones a la población por parte de las "fuerzas del orden" y grupos paramilitares han sido constantes, so pretexto de la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La violación sexual de mujeres ha sido usada como estrategia militar que explota y exacerba una práctica que tiene incidencia en el país.

La violación de tres indígenas tzeltales en junio del 1994, fue un claro mensaje para las comunidades indígenas en la zona del conflicto. También la agresión que sufrieron enfermeras de la Secretaría de Salud, en 1995, fue una advertencia para que las mujeres que apoyaban una causa en la zona fueran consideradas como "enemigas".

Las incursiones violentas tanto de grupos paramilitares y fuerzas del orden ha sido la constante. El 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, murieron 45 personas, 21 de las cuales eran mujeres, 14 niños y niñas, un bebé y nueve hombres, todos pertenecientes al grupo denominado Las Abejas.

El 10 de junio de 1998, una incursión de más de mil efectivos --policías y soldados-, dejó un saldo de nueve muertos, nueve heridos y 57 detenidos. Hechos ocurridos en la población indígena de El Bosque.

En la entidad, el movimiento de mujeres ha tenido altibajos, sin embargo, se ha mantenido y es un proceso que data desde antes del 94, porque no es producto del EZLN, sino de muchas fuerzas políticas, de muchos actores sociales en el estado desde los años 80.

También, a partir de la consulta zapatista en 1999, en las Coordinadoras Estatales por la Consulta Zapatista, se enfocan de manera particular y especial las demandas de las mujeres, es decir, se habla de un proceso autoconsciente para el fortalecimiento del proceso organizativo de la población femenina.

Son muchos los asuntos por resolver, entre ellos los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que no son una acción sólo para Chiapas, sino una iniciativa a nivel nacional, que involucra a los pueblos indios de todo el país.

Asimismo, se habla de los acuerdos de San Andrés, pero no del avance de los grupos paramilitares en Chiapas. Esto implica que aunque se retire el Ejército Federal o aun cuando se retiraran los grupos policiacos, los grupos paramilitares seguirán en la entidad y tiene mucha fuerza.

A sólo dos días de la elección del gobernador, el proceso electoral está relacionado con la restauración de las condiciones políticas, pero también sociales para la gran asignatura pendiente de la administración federal en turno: la paz en la entidad.

Por un lado, está el senador independiente Pablo Salazar Mendiguchía, impulsado por la Alianza por Chiapas, coalición de todos los partidos políticos de oposición, y quien para la sociedad civil chiapaneca representa una alternativa que podría proporcionar estabilidad, gobernabilidad, reconciliación, y capacidad de interlocución con todos los actores políticos y sociales.

Por la otra, el priista Sami David David con su propuesta de encabezar un gobierno plural que "tome en cuenta la diversidad étnica, religiosa, de género, edad y posición política o social".