Coinciden especialistas en temas de salud

El gobierno de Fox deberá tomar en cuenta a toda la población

Monterrey, Nuevo León, AGO 28, 2000, (Guadalupe Cruz, corresponsal/ CIM/ CIMAC).- Vicente Fox no tiene un futuro fácil, ya que tendrá que encabezar un gobierno de transición, abierto, en donde necesariamente tendrá que tomar en cuenta a una sociedad cada vez más participativa, y en donde se escuchen a todas las voces, coincidieron en Monterrey investigadores que trabajan en el tema de la salud reproductiva y los derechos de las mujeres.

Sandra Peniche, presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, AC. con sede en Mérida, Yucatán, y quien visitó la ciudad para participar en una reunión internacional sobre violencia, habló en concreto de grupos muy radicales que habían permanecido en tinieblas, pero que a raíz del triunfo de Fox han salido a la luz para imponer sus criterios a los demás.

Estamos iniciando estos próximos seis años con la idea de que vivimos en democracia, necesitamos soluciones y justicia, y hacer un gran esfuerzo para no cometer abusos de poder, y trabajar a partir de los consensos, agregó.

En este mismo sentido coincidió Elena Bernal, integrante de Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), quien afirmó que el nuevo régimen tiene que legitimarse a partir de que permita escuchar todas las voces.

Por su parte Isabel Vericat, del grupo Epikeia (que significa equidad en griego), explicó que su grupo trabaja con el derecho internacional sobre el derecho interno, es decir, las declaraciones internacionales que firman los países representan leyes superiores que deberían cumplirse.

Con casos como los de Pinochet, el derecho internacional esta cada vez más reconocido, por lo que países como México deben cumplir aquellos acuerdos internacionales que firman y con los que se comprometen, explicó.

Isabel Vericat se refiere en concreto al caso de Paulina en Baja California, a quien pese a cubrir todos los requisitos de ley le fue negado un aborto al que tenía derecho, y este hecho fue avalado por la autoridad, y esto no lo podemos tolerar.

En este caso se violaron garantías constitucionales de separación Iglesia-Estado, ya que quienes impidieron el aborto lo hicieron con argumentos religiosos.

Además del proceso penal y civil que se sigue en la propia Baja California para que indemnicen a Paulina, grupos como Epikeia están dispuestas a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nunca sea ha acudido demandando derechos sexuales o reproductivos.

Las mujeres embarazadas tienen derechos en su vida, y a su privacidad, y no deben ser obligadas a tener un aborto clandestino, agregó, ampliando el tema al asunto de Guanajuato, en donde el Congreso aprobó eliminar la causal de no penalización del aborto en casos de violación.