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comunicación e información de la mujer lunes 28 de agosto del 2000 |
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Luego de dos días de reflexión sobre la justicia en México, las abogadas feministas coincidieron, el sábado pasado, en la necesidad de impartir cátedras sobre las condiciones sociales y derechos de la población femenina en las universidades públicas y privadas del país. En el marco del Primer Encuentro de la Red Nacional de Mujeres Abogadas Feministas, Claudia Barrón, presidenta de esta organización, dijo que continuarán en la apertura de espacios de formación e intercambio de conocimientos sobre derecho con perspectiva de género”, para consolidar una impartición y procuración de justicia equitativa y democrática entre hombres y mujeres. Asimismo, dijo, sensibilizarán a las organizaciones de abogadas para que apliquen la ley tomando en cuenta las condiciones sociales de mujeres, de tal manera que dejen de ser vulnerables ante la mala impartición de justicia en México. La Red Nacional de Mujeres Abogadas Feministas, integradas por 250 litigantes de los estados de Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero, Chihuahua, Aguascalientes, Oaxaca y el Distrito Federal, demandan para las mexicanas una vida digna con capacidad de autodeterminación de su cuerpo, toda vez que es un principio básico de la dignidad humana. Asimismo, el reto de las abogadas feministas es redefinir los principios generales del derecho desde las demandas nacionales e internacionales que fundamentan la teoría y practica jurídica en los derechos humanos y de género. Las organizaciones convocantes al primer encuentro de mujeres abogadas, integradas por la Comisión Nacional de la Mujer, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Asociación de Universitarias del Estado de México, apoyan dichas demandas. Finalmente, enfatizaron en la urgencia de aplicar las acciones trazadas en este primer encuentro nacional de abogadas feministas, toda vez que el trabajo realizado para reconocer la vulnerabilidad de los derechos jurídicos de la población femenina no es reconocido por los juristas estatales.
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