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lunes 3 de julio del 2000 | ||
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Muchas de estas estrategias fueron dirigidas hacia la población femenina: así fue en Emiliano Zapata, Tabasco, sobre las pruebas de Papanicolau, donde para realizar los “trámites” pedían la credencial de elector a las mujeres o las amenazas en la ciudad de Campeche de perder el subsidio para tortillas, TORTIVALE, en el mismo tenor de los condicionamientos en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). A cambio del voto por Francisco Labastida ofrecieron electrodomésticos, ladrillos, vacaciones, libros, juguetes, fertilizantes, consultas médicas, agua, dinero y machetes, según las denuncias de Alianza Cívica o, en caso contrario, los promotores del candidato priista amenazaron con despidos laborales, pérdida de beneficios sociales y hasta con vigilancia vía satélite, como se denunció en el municipio Degollado en el estado occidental de Jalisco. Alianza Cívica informó ayer que si bien se registraron una serie de irregularidades antes de la jornada electoral del 2 de julio y en el transcurso de la misma, éstas no invalidan el resultado electoral. Las principales denuncias reportadas el domingo pasado por la organización de observadores incluyeron “acarreos” de votantes a las casillas en el municipio de Texcoco en camionetas del PRI, al igual que ocurriera en algunos municipios aledaños a Villahermosa, Tabasco. Otras denuncias se refirieron al “chequeo” de quienes votaban por el PRI a través de listas y falsos encuestadores en el sureste del país, así como irregularidades en el número de boletas o marcas ilegales en las mismas. Tras afirmar que las y los grandes actores de la jornada fueron las y los ciudadanos, Alianza Cívica hizo un reconocimiento al Instituto Federal Electoral por su trabajo imparcial, independiente y profesional, pero destacó que el proceso electoral del 2000 “nos sugiere la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de las leyes para eliminar irregularidades.” Igualmente hicieron un reconocimiento a los medios de comunicación y a la sociedad por su responsabilidad en la construcción del futuro democrático de México, al tiempo que afirmaron que “es la hora de la sociedad civil organizada, ella podrá avanzar en la transición democrática”. Al destacar que “la unidad y la reconciliación son ahora la tarea de todas y todos los mexicanos”, Alianza Cívica llamó, junto con otras 117 organizaciones, a iniciar un diálogo con las autoridades electas sobre los 20 compromisos propuestos por la Alianza Social para la unidad, la paz y la gobernabilidad democrática. Estos compromisos vinculan a la sociedad y gobierno con la consecusión de un clima de justicia, respeto, combate a la corrupción, diálogo --incluyendo el reinicio de éste con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la reforma del Estado y el equilibrio de poderes. Particularmente, se refiere a la necesidad de que el gobierno actual, encabezado por Ernesto Zedillo, no evada su responsabilidad de mantener la paz, la unidad y la gobernabilidad democrática en México hasta la toma de posesión de las autoridades electas.
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