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miércoles 26 de julio del 2000 | ||
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De esta manera, la Corte Suprema respondió al pedido del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de hacerse cargo del caso. Autoridades militares alegaron que les correspondía juzgar esos hechos, ya que en ellos estaban involucrados unos 10 jerarcas militares. El juez de turno de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O'Connor, dispuso que el juez Adolfo Bagnasco continúe con las investigaciones sobre el robo de bebés. Esta decisión garantiza que las actuaciones no se paralicen como temían las Abuelas de la Plaza de Mayo. Durante la última dictadura militar, instalada en el poder entre 1976 y 1983, decenas de niños y niñas nacidos en cautiverio fueron robados a sus madres detenidas y entregados a militares, familiares de militares o en adopción.
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