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SAN JOSE, Costa Rica, JUNIO 5, 2000
(Thais Aguilar/ CIMAC/ Sem).-
Mujeres de
organizaciones no gubernamentales exigieron que las
autoridades de salud de este país centroamericano investiguen
las implicaciones reales de los abortos en la salud pública, al
iniciar hoy en Nueva York, la sesión extraordinaria de la
Asamblea General de Naciones Unidas para revisar los cinco
años de la Plataforma de Acción de Pekín. Con esta demanda, representantes de la Red Latinoamericana de Mujeres en Salud, aclararon una serie de informaciones tergiversadas que circularon en este país sobre la posibilidad de que su gobierno suscriba un acuerdo con otros países para despenalizar el aborto.
Pocas investigaciones se han hecho en Costa Rica sobre los abortos, su número y los efectos que provoca en las mujeres que lo viven. La razón para este vacío está relacionado con el tabú y la clandestinidad que gira alrededor de este problema.
Algunos estudios realizados entre 1990 y 1996 revelaron que las mujeres que recurren a un aborto inducido no tienen una historia delictiva ni clase social definida. Sin embargo, la práctica está cruzada por la clase social, pues las mujeres de mejores ingresos económicos pueden pagar un aborto bien atendido --en la clandestinidad, ya que es ilegal, mientras que las pobres echan mano de técnicas poco seguras para su salud.
Según un estudio, el perfil de algunas costarricenses que recurrieron al aborto inducido es el siguiente: 23.5 años como promedio, un hijo o hija, con estudios secundarios completos y a veces universitarios. Se practicaron un aborto porque el embarazo era producto de una relación ocasional, porque tenían carencias económicas o no contaban con el apoyo emocional y económico de su familia o compañero.