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martes 6 de junio del 2000 | ||
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Destaca el hecho de que en la mayoría de los países se han elaborado programas nacionales a favor de las mujeres; se modificaron legislaciones que eran discriminatorias; se avanzó -aunque casi simbólicos-, en cuanto al número de mujeres que tienen un cargo en la administración pública o como parlamentarias e incluso como funcionarias en el sistema de Naciones Unidas, lo que resulta contrario a lo expresado por las Organizaciones No Gubernamentales, en sus informes alternativos sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por sus gobiernos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, expresados en la Plataforma de Acción Mundial. Los representantes oficiales durante la plenaria, destacaron el “compromiso” y la “voluntad” de sus gobiernos con el avance de las mujeres y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de que las cifras y la realidad demuestran lo contrario: cada minuto una mujer muere por causas relacionadas a la maternidad; ganan en promedio 50 por ciento menos que los hombres; tres cuartas parte de las personas que viven con menos de un dólar diario y las dos terceras partes de los 875 millones de analfabetos, son mujeres; entre 85 y 114 millones de ellas, han sido sometidas a la mutilación genital. Así, mientras los gobiernos enumeran el cúmulo de acciones que han favorecido la vida de las mujeres en la Asamblea General, y el firme y férreo compromiso que tienen para avanzar en la lucha por la igualdad entre los géneros; los grupos de trabajo constituidos por bloques de países demoran los consensos y de un documento que actualmente tiene 300 párrafos hasta anoche sólo se habían consensuado 47. Un cálculo rápido del número de párrafos que tendrían que consensuar en estos cuatro días, para tener la agenda de los próximos cinco años, indica que por lo menos deben terminar de revisar, aprobar en comisiones y luego en la plenaria, 50 párrafos diarios. Una difícil tarea. Entre los temas que han hecho más lenta la discusión esta sin duda el de la salud. Mientras que para el Vaticano, los países musulmanes y los más conservadores de América Latina como Nicaragua, Guatemala y Perú, proponen priorizar las enfermedades como la malaria, la tuberculosis y la diarrea en materia de salud; para las naciones europeas, Estados Unidos y Canadá, la prioridad es garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y las adolescentes. Sin embargo en las declaraciones políticas, los delegados oficiales ratificaron que “sin la participación de las mujeres y el mejoramiento de sus condiciones de vida, las sociedades están destinadas a fracasar”, por lo que la mayoría han hecho esfuerzos “sinceros” por eliminar la pobreza que afecta mayoritariamente a la población femenina, la violencia contra las mujeres y atender la pandemia del VIH/Sida, que se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Una de las declaraciones políticas que más llamó la atención de las delegaciones oficiales y puso en el centro del debate, el tema de mayor polémica, para los grupos conservadores, fue la de Sudáfrica. La primera ministra sudafricana del Departamento de Servicios Públicos y Administración, Geraldine Fraser-Moleketi, llamo a los gobiernos a abrir el debate sobre derechos sexuales y reproductivos. Dijo que se debe ir más allá de la interpretación estrecha de los derechos sexuales y reproductivos -que muchos gobiernos limitan a la salud materno infantil- y del concepto de familia, discutido hace cinco años en Pekín, China, donde se convino reconocer que existen diversos tipos de familia, y “mas que entrar en esta discusión –dijo-, hay que hacer hincapié en la igualdad entre los géneros”. Señaló a su vez, que esta asamblea debe salir de aquí, asegurándo los mínimos consensos para que “contemos con programas fuertes, que puedan ser evaluados por la sociedad”. Por su parte la ministra de Asuntos de la Mujer de Chile, Adriana Delpiano, luego de enumerar los avances que el gobierno ha realizado a favor de las mujeres, reconoció por vez primera, que el aborto es un problema de salud publica. “Aunque el compromiso de Chile es por la vida, el gobierno promueve la maternidad y paternidad responsable”.
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