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NUEVA YORK, Estados Unidos, JUNIO 7, 2000
(Sonia del
Valle/ enviada, CIMAC).-
Hasta ahora, el único país latinoamericano que se opone a
reconocer la igualdad de derechos para las mujeres es Nicaragua,
que junto con Pakistán, Argelia, Libia, Irán, Sudan, Irak y Siria,
han obstaculizado los consensos para avanzar en la redacción del
documento final sobre Acciones e Iniciativas Futuras para Aplicar
la Plataforma de Acción Mundial de Pekín. En respuesta, las organizaciones no gubernamentales de América Latina y de distintas regiones, comenzaron a circular una demanda hacia los gobiernos: acelerar el proceso de negociación.
En tanto, las delegaciones oficiales de la región latinoamericana propondrán a esos países aprobar con reservas los párrafos a los que se oponen, a fin de avanzar en los consensos, según trascendió hoy aquí, esto en el marco de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, “La Mujer en el Año 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz en el siglo XXI”.
Paralela a la reunión plenaria que se realiza en el recinto de la Asamblea General, las delegaciones oficiales realizan durante todo el día reuniones informales, en el que el Grupo de Trabajo II discute el capítulo II, sobre “logros y obstáculos para la aplicación de la Plataforma de Acción Mundial”, aprobada en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Pakistán se opuso a que se reconozca el derecho de las mujeres a poseer la tierra y tener control sobre ésta y otras formas de propiedad privada, mientras que Sudáfrica se pronunció en contra de que las mujeres tengan derecho a heredar.
En relación con la violencia, Libia, Egipto e Irán se oponen a que se reconozca que en muchos países la violencia sexual, incluida la violación dentro del matrimonio, porque sigue siendo considerada un asunto privado, a pesar de que hace cinco años los países se comprometieron a prevenir y erradicarla. Es de mencionar que la violencia doméstica afecta a 20 por ciento de la población femenina mundial, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1993.
En este punto se propuso que el documento refleje la obligación de los gobiernos a considerar dentro de este rubro todas las formas de violencia, incluida la violación dentro del matrimonio, lo que fue rechazado por Pakistán, país que pidió se eliminará la referencia explícita, en tanto que los países latinoamericanos que tienen leyes nacionales que penalizan la violación marital, se opusieron a que se eliminara del texto.