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NUEVA YORK, Estados Unidos, JUNIO 12, 2000
(María
Suárez Toro/ FIRE, CIMAC).-
La mayoría de los países de
América Latina y el Caribe se destacaron por su persistencia
en la defensa de la Plataforma de Acción Mundial (PAM), de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada hace
cinco años en Pekín, China, a pesar de los esfuerzos de un
pequeño grupo de países, que han intentado hacer retroceder el
consenso internacional.La Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, realizada entre los días 5 al 9 de junio en la sede central del máximo organismo de la comunidad de naciones, se caracterizó por un desbalanceado debate sobre la evaluación quinquenal y se centró en los temas más polémicos ya previamente consensuados.
Al trabajar con el objetivo de lograr una base para el consenso, las posturas de minoría de un puñado de países islámicos, la Santa Sede, y tan sólo uno de América Latina -- Nicaragua--, se convirtieron en un obstáculo para avanzar hacia lo que la mayoría de países querían reconocer: la PAM, con sus avances, obstáculos y medidas para superarlos.
En vista de ello, 17 países de la región, entre ellos Perú, Bolivia, Brasil y Costa Rica, entre otros, suscribieron, el último día de la Conferencia, un pronunciamiento especial en el que afirman que sus delegaciones han "compartido una visión regional de avances, desafíos, aprendizajes y buenas prácticas desarrolladas en los primeros cinco años de aplicación de la Plataforma de Acción Mundial".
Los países firmantes reafirmaron también las evaluaciones regionales y sus conclusiones al decir que "los consensos regionales consignados en los documentos de Santiago, Puerto España y Lima han orientado y fortalecido el compromiso asumido por nuestros respectivos gobiernos, para hacer avanzar el proceso de revisión Pekín+ 5”.
Dichas evaluaciones regionales reconocen aspectos relevantes de la Plataforma de Acción Mundial como el impacto de la globalización económica en la vida de las mujeres y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En su pronunciamiento, los gobiernos de la región reconocieron la dificultad de la búsqueda del consenso internacional, al destacar que a cinco años de su puesta en práctica "se han evidenciado una gama de posiciones, enfoques culturales y valoraciones existentes que configuran un contexto poco propicio para el logro de visiones consensuadas acerca de particulares complejidades de los temas involucrados en la PAM".
Afirman que la región pudo unirse, casi íntegra, por "la experiencia y una voluntad común para el avance de los derechos humanos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, con especial énfasis en los derechos a la salud, el desarrollo y la participación en el marco de la igualdad y equidad entre los géneros y de no violencia, teniendo como piso la PAM, la cual está incorporada en políticas de desarrollo que cada país soberanamente determinó."
Con este pronunciamiento, suscrito por la mayoría de países de la región, quedó afirmado, que sin mediar el contenido del documento de evaluación de la Sesión Especial, la región está comprometida con los consensos regionales y con el acuerdo internacional de la Cuarta Conferencia Mundial.
Por su lado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los países firmantes del pronunciamiento, celebraron que sus delegaciones hayan suscrito un documento que en el fondo sostiene que no puede haber ni un paso atrás, que Pekín es "más cinco", y “no menos cinco”, como pretendieron algunos países que intentaron cuestionar hasta el marco mismo de los derechos humanos de las mujeres, conquistado en la década pasada en relación con la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al desarrollo.
Las ONG de América Latina y El Caribe, representadas por la peruana Virginia Vargas, emitieron ante la Sesión Especial un pronunciamiento propio en el cual criticaron severamente el proceso de evaluación.
El documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General "La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" contiene algunos avances más allá de la Plataforma de Acción Mundial.
Se reconoce la necesidad de participación igualitaria de mujeres en la toma de decisiones sobre macroeconomía; los impactos negativos de la globalización en las mujeres y propone asegurar un acceso igualitario a la protección social; el derecho a la herencia y la propiedad y la promoción de programas educativos para que los hombres practiquen el sexo seguro.
El documento hace referencia explícita, por primera vez, a los crímenes de honor y los matrimonios forzados como formas de violencia, y al asilo político sobre la base de la persecución de género.