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Nueva York, NY, MAR 8, 2000
(Sonia del Valle, CIMAC enviada).-
Los presupuestos de los Estados deben
ser reconsiderados para poder cumplir con los compromisos
firmados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, aseguró
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en la plenaria del Comité Preparatorio de la
Conferencia Pekín+5, el día de hoy.Mencionó que la agenda planteada en la Plataforma de Acción Mundial (PAM) debe ser revisada para avanzar en formas prácticas de rendición de cuentas. "La PAM requiere de metas, pero sobre todo, de recursos, mecanismos de monitoreo y evaluación de los compromisos".
En la plenaria, presidida por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) --encargada de revisar los avances, obstáculos y las acciones a futuro de la PAM--, Robinson aseguró que los gobiernos deberán tomar acciones concretas para erradicar la violencia, la pobreza y las actitudes discriminatorias en contra de las mujeres, que asegure la equidad entre hombres y mujeres.
Dijo que deberán dar pasos hacia adelante para combatir los rezagos en relación con los derechos de las mujeres en el trabajo; combatir el tráfico de mujeres; el secuestro de mujeres y niñas en zonas de conflicto armado; tener mejores servicios de salud, pero al mismo tiempo "no deberán diluir los avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos o el derecho a heredar la tierra. Eso, explicó, sólo se logrará con la voluntad política de los gobiernos para que reconsideren los presupuestos nacionales, a fin de cumplir con lo firmado en Pekín hace cinco anos.
El proceso de revisión de Pekín+5, señaló Robinson, es una oportunidad para la comunidad internacional porque reflejará la forma en que la PAM ha sido puesta en práctica en cada uno de los países.
Al mismo tiempo, finalizó Robinson, las mujeres de todo el mundo podrán darse cuenta hasta qué punto los Estados no han cumplido con sus obligaciones para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, Aída González, embajadora para los asuntos de la mujer de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en su calidad de presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pidió a los y las delegadas de los gobiernos aquí reunidos, fortalecer los vínculos entre la política y el marco jurídico.
Señaló que el marco político fue acordado hace cinco años con la firma de la PAM, pero 20 años después de contar con un marco jurídico: la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Por lo que pidió a los gobiernos reconocer la interrelación que existe entre ambos documentos que garantizan en el ámbito internacional los derechos humanos de las mujeres y ratificar el Protocolo adicional de la CEDAW.