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Nueva York, NY, MAR 9, 2000
(Sonia del Valle, CIMAC enviada).-
El mundo está confrontado por un sistema
económico global, controlado por las instituciones financieras
internacionales, incluidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional y las corporaciones multinacionales como la
Organización Mundial del Comercio, cuyas políticas excluyen a la
mayoría de la población, particularmente a las mujeres.Así concluye la Declaración Política dada a conocer el día de ayer por el grupo de presión política --caucus-- Por la Justicia Económica, en el marco de la conmemoración de la Marcha Mundial de las Mujeres, la cual tiene como uno de sus ejes temáticos la lucha contra la pobreza.
Las más de 100 organizaciones firmantes, que en los cinco días anteriores consensuaron la Declaración Política por la Justicia Económica, la cual será entregada a las delegaciones gubernamentales que analizan la Plataforma de Acción Mundial, aseguran que los intereses de las mujeres, las indígenas y las campesinas, son marginados del poder político y económico mundial.
En contraposición, el poder político y económico mundial promueve "la codicia, la competitividad, la concentración del poder, el consumismo, el individualismo y exalta el libre mercado y el fundamentalismo económico", señala la Declaración.
Mencionan que “las políticas económicas mundiales asumen que la expansión del libre mercado resolverá los problemas de los seres humanos. Sin embargo, es ya conocido, por diversos estudios y análisis económicos, que el libre mercado está lejos de ser justo y por el contrario ha profundizado los niveles de pobreza de las personas en todo el mundo, de manera desproporcionada a las mujeres”.
Señalan que se han deteriorado los servicios de salud y educación, además ha crecido el número de menores que viven en las calles, el tráfico de mujeres y la migración.
Toda vez que las políticas de los gobiernos sus acciones han sido insuficientes para terminar con la pobreza, porque son medidas a corto plazo e inadecuadas, demandan la democratización de las instituciones financieras internacionales, instituciones religiosas y corporaciones privadas y rendición de cuentas.
Llaman a los gobiernos, reunidos desde el inicio de esta semana en la sede de las Naciones Unidas en esta ciudad, a modificar las políticas macroeconómicas para que sean consistentes y afines al desarrollo social y sustentable; redefinir sus criterios económicos (costo-benéfico) para tomar en cuenta los costos sociales y humanos de las mismas, por ejemplo: el incremento de la violencia y el deterioro de la salud de la población.
La Declaración por la Justicia Económica es uno de los documentos políticos que las Organizaciones no Gubernamentales estaban esperando, porque éste es uno de los temas de mayor polémica entre los países industrializados o del Primer Mundo y los del Grupo de los 77, donde está la mayoría de los países más pobres.