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México DF., MAR 17, 2000
(Silvia Magally/CIMAC).-
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
presentaron una propuesta de reforma al Código Civil para el
Distrito Federal, con el fin de que las modificaciones que
actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, (ALDF), se apeguen a tiempos actuales, respondan a las
demandas sociales y, en especial, protejan los derechos de las
mujeres y los menores de edad.Julia Pérez de Defensa Jurídica y Educación para la Mujer, explicó que los cambios propuestos se refieren al Libro I del Código Civil --que abarca especialmente todos los temas de familia--, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres, que hasta ahora se encuentran restringidos o suspendidos.
Dijo que el Código Civil debe ser herramienta real de garantía para el acceso a la justicia de las mujeres y no para que los elimine, por lo que es urgente que responda a la realidad y regule la convivencia familiar con respeto a los derechos individuales de las personas.
Explicó que el Código actual, aunque ha sufrido cambios a través del tiempo, conserva elementos que datan desde 1932, como es la supervalorización del padre frente a la esposa o los hijos, ignora por completo a las personas que tienen una discapacidad y considera a la familia como una forma de control social vinculada a intereses económicos, políticos, morales y religiosos, en vez de ser base de la construcción de una sociedad democrática.
Los derechos de cada persona al formar parte de una familia no disminuyen sino que aumentan de igual forma que aumentan sus responsabilidades, “por eso consideramos que las reformas al Código Civil, vinculadas a las relaciones familiares, son fundamentales para que en la vida cotidiana las mujeres puedan tener equidad desde el ejercicio diario de sus derechos y el acceso real a la justicia”.
De esta forma, representantes de Consorcio por la Equidad, Salud Integral para la Mujer, Grupo de Educación con Mujeres y Themis, se pronunciaron porque las propuestas formuladas sean tomadas en cuenta por los legisladores, e incluso conduzcan a reformar también el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Registro Civil.
Mientras tanto, la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de Defensa Jurídica y Educación para la Mujer, explicó que las propuestas de las ONG recomiendan la inclusión en el Código Civil del principio de equidad y lenguaje no discriminatorio, así como de relaciones equitativas entre adultos:
Que las cargas de crianza, administración y la atención del hogar se distribuyan equitativamente entre los miembros de la familia; que sea requisito para contraer matrimonio tener 18 años de edad y no 16 como actualmente se estipula; el que sea obligatorio que las personas que desean contraer matrimonio asistan a cursos prematrimoniales para que conozcan las consecuencias jurídicas y patrimoniales de esta decisión; además que se deroguen los impedimentos para casarse como el adulterio, impotencia y enfermedades graves, dejando éstas, sólo como un requisito de información y aceptación entre los prometidos.
Tras observar que la violencia familiar es causal básica de divorcio, la abogada añadió, que debe eliminarse el requisito de habitar el mismo hogar y que se adicionan las lesiones que se produzcan en la integridad de las personas en su esfera sexual y patrimonial, además de modificar algunos requisitos para que se agilicen los trámites por causales de violencia.
En este punto del divorcio, piden modificar causales, quitando las que atentan contra la dignidad de las mujeres por razonamientos moralistas, además, proponen integrar nuevas causales como es la incompatibilidad de caracteres así como la denominada separación matrimonial convenida, figura que considera la separación de la pareja por no más de 18 meses, oportunidad que se da a los cónyuges para definir por mutuo acuerdo un plazo para continuar o terminar la relación.
En cuanto a la defensa de los menores, se plantea derogar toda distinción discriminatoria entre los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio, así como de la exclusión entre legítimos o ilegítimos. Igualmente defienden el derecho de los hijos a ser reconocidos por sus padres y que respeten sus obligaciones respecto a éste, sin importar su estado civil y que, en su caso, se cumpla con la pensión alimenticia.