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México DF, MAYO 24, 2000
(Miriam Ruiz/CIMAC).-
Cinco
años después de la Conferencia Mundial de la Mujer y a diez
días de evaluar el cumplimiento de la Plataforma de Acción
emanada de esa reunión, la condición social de las indígenas en
el país, en medio de la creciente militarización, es muestra de
que los compromisos adquiridos en Pekín por el gobierno
mexicano están muy lejos de cumplirse.En los últimos dos años las posiciones de diversas fuerzas represivas en el estado de Chiapas pasaron de 300 a por lo menos 681 posiciones policiacas, de migración y del Ejército Federal, la Fuerza Aérea y la Marina, indica Paulina Fernández, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esto a pesar de que en 1995, México y otros 188 países establecieron en la Plataforma de Acción Mundial de Pekín --bajo el tema “Mujer y conflictos armados”-- reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de armamentos para convertir estos recursos a metas de desarrollo y paz.
Y si en 1994 el presupuesto federal para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue tres veces mayor al asignado para el desarrollo social, actualmente el presupuesto destinado al gasto militar es el más alto de todos, de acuerdo con datos proporcionados por la Red de Asesora y Promotoras Rurales.
En noviembre pasado, durante la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, las indígenas denunciaron, en el encuentro “Reclamo de las Mujeres ante la Violencia, la Impunidad y la Guerra en Chiapas”, más de 100 casos de prostitución, violencia y militarización, así como la desaparición por las autoridades de otros 200 expedientes sobre mujeres indígenas violadas.
Las mujeres de los municipios Loxichas en Oaxaca, tras 34 meses de plantón frente al palacio de gobierno estatal y otro --ya disuelto-- frente al Senado de la República en la ciudad de México, aún esperan respuesta a sus peticiones de indemnizar a 40 viudas, liberar a 86 familiares presos y desmilitarizar las 29 comunidades loxichas a las que entró el Ejército Federal Mexicano en busca de guerrilleros.
Todo esto, a pesar de que la Plataforma de Acción establece desde 1995 la necesidad de adoptar medidas para investigar y castigar a los miembros de la policía, fuerzas armadas y de otro tipo que realizaran actos de violencia hacia las mujeres, promover la negociación pacífica y asistencia a las indígenas desplazadas para retornar a su lugar de origen.
El avance de estos y otros compromisos se evaluará del 5 al 9 de junio ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, durante la Sesión Especial conocida como Pekín+5 (Pekín más cinco).