viernes 6 de octubre del 2000
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México DF, OCT 6, 2000
(Silvia Magally/CIMAC).-
Por la
consolidación en el ámbito público de una práctica médica y
sanitaria que recoja --a pesar de las resistencias conservadoras-- las
aspiraciones sociales en materia de salud reproductiva, tales como
la maternidad segura y voluntaria, se pronunció la directora del
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Marta
Lamas.En el último día de actividades del Primer Congreso Interinstitucional “Salud Reproductiva” --en el que participaron instituciones gubernamentales y la sociedad civil--, la activista del movimiento feminista criticó la intromisión de los funcionarios de la Iglesia católica en las políticas públicas, así como la gran diferencia de acceso a la información y los servicios de salud entre el área urbano y la rural.
Dijo que la desprotección anticonceptiva y las prácticas inseguras de las mujeres derivan en embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual como el VIH/Sida y en la violencia de recurrir a abortos clandestinos inseguros.
No hay peor violencia que se pueda ejercer hacia las mujeres, que el embarazo impuesto y el ser obligadas a tener hijos que durante toda su vida serán rechazados manifestó al preguntarse: ¿ En verdad necesita México los hijos no deseados de madres agobiadas que no pudieron abortar porque la ley lo prohibe?
También llamó a delimitar la frontera entre lo público y lo privado, tras defender el derecho de las mujeres a no sufrir la intromisión gubernamental o eclesiástica injustificada en asuntos que la afectan decisivamente como engendrar o dar a luz un hijo.
Para que las personas gocen de libertad reproductiva, asegurada por el artículo cuarto constitucional, deben tener el derecho a tomar todas las decisiones necesarias para que garanticen la inviolabilidad de su personalidad, de su intimidad y de su integridad corporal.
Igualmente planteó a la comunidad médica reunida en este foro en el que prácticamente no se abordó el problema del aborto, que el dilema es como lograr que el estado mantenga sus responsabilidades públicas, reguladoras y promotoras de una política poblacional y de salud y garantice al mismo tiempo el derecho a decisiones privadas en materia reproductiva.
Opinó que obligar a parir a mujeres que no lo desean, es la expresión más bárbara de irracionalidad --como en el caso Paulina--, sobre todo cuando esa imposición la evitan fácilmente quienes sí cuentan con los recursos para practicarse una interrupción del embarazo ilegal.
Más adelante planteó otras interrogantes: ¿Quién va a decidir sobre la vida y el cuerpo de la mujer? ¿El gobierno, las iglesias o las mujeres mismas, como ciudadanas?
La conducta de cientos de miles de mujeres que cada año abortan ilegalmente en nuestro país --las cifras van desde 220 a 850 mil--, es una afirmación de su derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas, “por más que el aborto esté penalizado y a pesar de que se le considere un pecado”.
Quienes repudiamos la hipocresía vigente de la actual penalización que afecta a las mujeres más desprotegidas de México, tratamos de cambiar la ley desde hace más de 30 años, comentó.
A los médicos, funcionarios y políticos que conceden en privado legitimidad a la demanda de modificar las leyes los conminó a que fijen su posición públicamente.
Advirtió que los recientes debates sobre el caso Paulina y las reformas legislativas en Guanajuato y en el DF han puesto en la mesa de discusión concepciones contrapuestas sobre la calidad de vida, la responsabilidad individual y la libertad de conciencia.
Al final dejó una última interrogante en el aire: ¿Qué es más violenta, la muerte de un embrión o el padecimiento de por vida de un hijo rechazado?