viernes 6 de octubre del 2000
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México DF, OCT 6, 2000
(Miriam Ruiz/CIMAC).-
A un año de
que la adopción del Protocolo Opcional de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer
(CEDAW) por la Asamblea General de Naciones Unidas –el 6 de
octubre de 1999—y con la ratificación de 10 países, este tratado
está listo para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos
de las mujeres.El Centro Internacional de la Tribuna de la Mujer, organización con sede en Nueva York, anunció que con la ratificación del décimo país, Italia, el Protocolo Opcional de CEDAW abre otra puerta a las mujeres del mundo que hayan denunciado actos de discriminación ante los gobiernos que se acojan al mismo sin recibir respuesta efectiva.
Los Estados que adopten ese tratado, entre ellos México, reconocen la competencia de las 23 expertas del Comité de CEDAW para considerar peticiones individuales como de grupos que hayan agotado todas las instancias nacionales. Asimismo, otorga potestad al Comité para investigar violaciones graves y sistemáticas a la población femenina de acuerdo con cualquiera de los 24 puntos de la CEDAW.
Mientras que México ratificó el Protocolo el 10 de diciembre de 1999, Italia hizo lo mismo el pasado 22 de septiembre y entrará en vigor el próximo 22 de diciembre. En tanto, en la Cumbre del Milenio realizada en Nueva York durante la primera semana de septiembre ratificaron el Protocolo Opcional: Austria, Bangladesh, Irlanda y Nueva Zelanda. También se sumaron Dinamarca, Francia, Namibia, Senegal y Tailandia.
A partir del 22 de diciembre de este año, cualquiera de las 600 mil obreras en las más de tres mil plantas maquiladoras de México que considere agotadas las instancias oficiales para resolver sobre actos discriminatorios en la industria podrían someter sus casos a consideración ante la ONU, al igual que las mujeres indígenas en situaciones de violencia y militarización, o las migrantes y otras mujeres rurales sin acceso a la tierra, al empleo, educación o salud.
Incluso, queda abierta la posibilidad de que las mujeres denuncien a las empresas que las obliguen a hacerse la prueba de no embarazo como requisito laboral y a las que enfrenten condiciones de desigualdad en procesos legales como el divorcio. Todos los casos arriba enunciados, son parte de las observaciones que el Comité de CEDAW hizo al gobierno mexicano en 1998.