La “Ley Robles” protege el derecho a una vida plena de la madre y el producto

Absurdo que PAN y PVEM intenten comparar causal de aborto con eutanasia: especialista

México DF, OCT 11, 2000 (Sonia del Valle/CIMAC).- Detrás de la negativa de los partidos Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista de México (PVEM) a la causal del aborto por motivos eugenésicos o malformaciones graves, está el intento de equiparar ésta con la eutanasia, a pesar de las diversas hipótesis que concurren en el Código Penal para que una mujer pueda decidir interrumpir su embarazo por este motivo.

Para el doctor Armando Soto, especialista en derecho constitucional, la propuesta de ampliar esta causal de aborto en el Código Penal fue correcta en el sentido de que deben ser las mujeres quienes puedan decidir si continuar con su embarazo o no, siempre y cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones graves, lo que trairía consecuencias negativas para el propio infante, la familia y la sociedad y de ninguna manera puede equipararse con la eutanasia.

Señaló que el precepto de “poner en riesgo la sobrevivencia del mismo” de dicha causal, asentada en la fracción III del artículo 334 del Código Penal, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toma en cuenta precisamente la vida del producto, porque de lo contrario hay un grave riesgo de que este muera o la madre. Adicionalmente, a pesar del juicio de dos médicos si una mujer no quiere interrumpir su embarazo la ley no la obliga a ello.

“Se protege el derecho a la vida y por supuesto el derecho a una vida plena y digna tanto de la madre como del producto”, sostuvo Soto.

A decir de Martha Juárez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “es impresionante que a través de un asunto totalmente político, más que jurídico, el PAN trate de equiparar la eutanasia con una causal de aborto por malformaciones genéticas graves, que especifica claramente que debe tomar en cuenta la opinión de dos médicos en aras de defender a ultranza el derecho a la vida”.

A pesar de que todavía el grupo --uno de los principales promotores de la despenalización del aborto en México por considerarlo como un problema de salud pública y justicia social-- se encuentra estudiando la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN y el PVEM a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juárez considera que dicha acción seguramente no prosperará. Aunque mencionó que será hasta la próxima semana que darán a conocer una postura al respecto.

Por su parte, Católicas por el Derecho a Decidir, en voz de Pilar Sánchez, mencionó que la propuesta de incluir la causal por malformaciones congénitas graves en el tema del aborto del Código Penal, está relacionada con la libertad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su reproducción, garantizado en el artículo cuarto de la Constitución.

Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada “Ley Robles” equipara la interrupción del embarazo con la eutanasia, siendo que ésta en su definición significa acortar la vida de un individuo enfermo incurable.

Cabe destacar que el 33 por ciento de las y los legisladores de la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta quien decida si se violan las garantías individuales asentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación de la ampliación de causales propuestas por la jefa del gobierno capitalino.

El pasado 18 de agosto fue aprobada como una causal de aborto no punible en el artículo 334 del Código Penal, por malformaciones congénitas graves, además de la adición de la fracción bis al artículo 131 del Código de Procedimientos Penales, que faculta al Ministerio Público extender una orden de interrupción del embarazo a una mujer que ha sido violada. Ambas propuestas fueron impugnadas por el PAN y el PVEM y hace una semana la Suprema Corte dio entrada a la acción de inconstitucionalidad y designó a la magistrada Olga Sánchez como la encargada de revisar el caso.