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comunicación e información de la mujer viernes 13 de octubre del 2000 |
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Durante el reparto agrario fueron pocas las mujeres a las que se les reconocieron derechos sobre la tierra, toda vez que la legislación de los años 20 y 30 sólo permitía que fueran ejidatarias las mujeres que tuvieran familia a su cargo. Hoy a principios de este nuevo milenio, con un campo prácticamente en quiebra, son las mujeres dueñas de cerca del 20 por ciento de las tierras ejidales, comunales o parceladas. Sin embargo, el hecho de que las mujeres sean dueñas de la tierra tiene que verse a la luz de la realidad del campo mexicano. Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se desmanteló la producción nacional a través la imposición de precios bajos a los productos, disminuir el gasto público, abrir las fronteras a los productos importados y retirar las instituciones de apoyo a la producción, tal como lo afirma la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Ello ha derivado, de acuerdo a la doctora Margarita Velázquez del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en una crisis agrícola que se ha transformado en una crisis alimentaria nacional de proporciones “alarmantes”. Y pone como ejemplo uno de los granos básicos de la dieta mexicana: el maíz. Velázquez afirma que el precio que recibió el producto en 1999 presenta un deterioro del 45 por ciento en términos reales en relación a lo que percibía tres años atrás; lo mismo sucedió con el trigo --la baja fue del 45 por ciento--- y del sorgo de 55 por ciento. Mientras que las importaciones de granos básicos lejos de aumentar en este sexenio --94 a 99-- se han incrementado: Se importaron 76.5 millones de toneladas de granos básicos con un valor estimado de 13 mil 600 millones de dólares y el campo mexicano en el mismo periodo ha producido 30 millones de toneladas. “Parece ser una meta perdida sacar al agro mexicano de la crisis y ningún programa de gobierno, como el de Alianza para el Campo, ha podido revertir esta tendencia”, señala. Aunado a ello, las y los investigadores afirman que en el campo mexicano, en la mayoría de los hogares de ejidatarios y comuneros, el hombre ha dejado de ser el proveedor único del hogar. De cada diez familias, en tres la mujer aporta ingresos económicos junto con los otros integrantes de la familia y en otros tres, ella es el principal sustento económico. En este contexto, las mujeres rurales se enfrentan a una comunidad que les niega la posibilidad de tomar decisiones y las relega a un segundo plano, particularmente en las comunidades indígenas donde ellas hoy pugnan por opinar en los espacios públicos, hasta hoy constreñidos a los varones, considera afirma Paloma Bonfil, del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Probreza (Gimtrap). Adicionalmente, la más reciente reforma al artículo 27 constitucional hecha en 1991 por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, ha implicado efectos negativos al interior de las unidades domésticas campesinas y en especial para las mujeres, asegura Bonfil. Ella, autora del libro las “Mujeres Campesinas ante las Reformas al Artículo 27” Constitucional, apunta que esta reforma constituyó uno de los cambios más profundos realizados a la legislación agraria, que ha aumentado su ya crítica situación de pobreza y la falta de oportunidades económicas. Sostiene que el papel de Estado benefactor del crédito y financiamiento agropecuario cambio y dejó a los sujetos sociales se desarrollen a su suerte, aunado a la que inversión pública se contrajo, los subsidios han sido eliminados paulatinamente, el crédito decayó por el retiro del subsidio a las tasas de interés, por lo que las mujeres que poseen la tierra no pueden hacer más que lograr la mínima subsistencia alimentaria familiar. Y señala que uno de los retos para lograr que el agro mexicano tome en cuenta las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres será diseñar y dictar políticas por parte del gobierno mexicano que permitan que las mujeres tengan acceso a créditos y capacitación y establecer mecanismos necesarios para impulsar la activación de sus unidades productivas, toda vez que un alto porcentaje de estas --70 por ciento--- están lejos de ser redituables. En tanto, el director de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, Héctor Robles Berlanga al analizar la puesta en práctica del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) señala que las mujeres hoy son la cadena de transmisión entre dos generaciones. La edad de acceso de las mujeres a la tierra --cerca del 40 por ciento son mayores de 65 años-- habla de que una proporción significativa de ellas poseerá la tierra durante un breve plazo de tiempo. Por lo que, optimista, afirma Robles Berlanga, que “la posesión de plenos derechos sobre la tierra está asociada a mayores oportunidades de producir un mínimo de productos de autoconsumo, generar ingresos y tener autoridad para controlar el gasto familiar”. Cabe señalar que la historia de cómo las mujeres se apropian de la tierra es reciente. Según consigna Robles Berlanga, ya sea por herencia o por sucesión de derechos, comenzó en 1971 con la expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuando se eliminó la restricción de que las mujeres pudieran ser sujetas de derecho y se inició la constitución de las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (UAIM) cuyo objetivo fue crear oportunidades de empleo y generación de ingresos para la población femenina a través de proyectos productivos.
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