La autoridad militar violó el artículo 13 constitucional

Respalda CNDH acciones intimidatorias contra defensores de derechos humanos de la PGJM

OAXACA, Oaxaca, OCT 13, 2000 (Paulina Ríos Olivera, corresponsal/ CIMAC).- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunciaron ayer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) avala las acciones de intimidación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), en contra de defensores de derechos humanos.

En un documento suscrito por el presidente y la responsable del Programa de Denuncias de la Limeddh-FIDH, Adrián Ramírez López y Sara Rico Ramírez, respectivamente, refirieron que la autoridad militar violó el artículo 13 constitucional, que establece su ámbito de competencia, y que la CNDH se negó a participar como observadora en una comparecencia.

Ramírez López y Rico Ramírez señalaron que el pasado 6 de octubre la PGJM los citó a ambos para la práctica de diligencias ministeriales en relación con la averiguación previa VIIRM/02/2000, sin que se estableciera el carácter con que debían presentarse, ni aclaraba sobre qué hechos se investigaba.

Refirieron que después conocieron que se trataba de un exhorto de la Región Militar de Chiapas para comparecer como testigos por la denuncia en contra de algunos elementos del Ejército Militar que presuntamente habían cometido abusos en el ejercicio de sus funciones, tanto en retenes como en el ejido San Martín Chamizal, en ese estado vecino, luego de que organismos defensores de derechos humanos los denunciaron y de los cuales la Limeddh-FIDH fueron portavoces.

“La autoridad militar investiga citando a declarar a quienes señalaron haber tenido conocimiento de un hecho presuntamente violatorio de los derechos humanos, violando con ello el artículo 13 de nuestra constitución, donde se establece con claridad el ámbito de competencia de las autoridades militares: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.”

Los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, indicaron los denunciantes.

En el documento aclararon que los señalamientos los realizaron como comunicadores de información recibida, y que los quejosos no presentaron una denuncia formal de los hechos, lo que necesariamente son perseguidos por querella, y además, nunca solicitaron a la Sedena que iniciara una averiguación previa porque los elementos que tenían eran imprecisos.

Mostraron su extrañeza porque en otras ocasiones en que han denunciado otras graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales y tortura, con la solicitud explícita del inicio de averiguaciones previas y teniendo elementos de prueba, nunca se les ha citado a declarar.

Asimismo, denunciaron que pese a la petición a la CNDH para que alguna persona de esa institución los acompañara para que garantizara una actuación transparente de las autoridades militares, se negaron a hacerlo “porque no deseaban interferir en las investigaciones” cuando en otras ocasiones sí se ha presentado.

Ante esa situación, la Limeddh-FIDH afirmó que no es posible admitir que las autoridades militares extiendan su jurisdicción sobre personas que no pertenecen al Ejército, “porque abriría la compuerta para que la sociedad civil quede sojuzgada por la autoridad militar, hecho impensable en cualquier estado respetuoso de los derechos humanos”.

Pidieron, además, que el gobierno mexicano dicte medidas apropiadas para la protección efectiva de los defensores de derechos humanos y que pongan fin a la situación de hostigamiento e intimidación.