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comunicación e información de la mujer martes 5 de septiembre del 2000 |
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Al reunirse con integrantes de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, González Fernández dijo que los médicos están obligados a practicar el aborto legal, de ahí que en todos los hospitales de la Secretaría de Salud se realice está práctica con apego a la ley. Dijo que en nosocomios como el Hospital General, el Hospital Manuel Gea González, el Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez se practican abortos --cerca de 200 mil anualmente en el DF--, “porque hay violaciones y problemas de salud de las mujeres”. Opinó que la Iglesia y el Estado deben permanecer cada uno en su lugar para evitar enfrentamientos respecto al aborto, en tanto el gobierno mexicano no considere esta práctica como una política de planificación familiar. El funcionario reiteró: “No estaremos auspiciando el aborto como política que induzca a la interrupción de los embarazos en aras de la planificación familiar. El gobierno seguirá siendo respetuoso de los credos religiosos y no nos meteremos a la discusión histórica del aborto, porque no será aceptado por la Iglesia”. Sin embargo, dijo que la mayoría de los médicos tanto de instituciones públicas como privadas están dispuestos a practicar el aborto a la mujer violada y de acuerdo a otras causales existentes en las legislaciones. Luego se pronunció porque en el caso del Distrito Federal, el gobierno capitalino, quien promovió la reforma del Código Penal, garantice a las mujeres la práctica del aborto dentro de su infraestructura hospitalaria. Ante las periodistas, el titular de la Ssa comentó que en el Hospital General, el más grande de América Latina, gran formador de médicos, existe consenso en cuanto al aborto por violación y división de opiniones por razones eugenésicas. Tras pronunciarse en contra de una consulta nacional respecto al aborto, porque este problema se ha enfocado desde el punto de vista penal y no como un asunto de salud, el secretario de salud, dijo que en términos generales todos los códigos penales del país despenalizan al aborto por violación o cuando está en peligro la vida de la mujer, existiendo otras causales como las eugenésicas en 10 entidades de la República y por razones económicas en Yucatán. Respecto al caso Paulina --la menor a quien se le negó el recurso del aborto por violación, González Fernández aseveró: “me parece una aberración que en este caso de violación, tanto la Procuraduría Como la Secretaría de Salud estatal no hayan asistido a la menor, por lo que procede su indemnización a través de un fideicomiso. Finalmente informó que la dependencia a su cargo clausuró recientemente dos clínicas donde se estaban practicando abortos clandestinos el Hospital Central Vértiz y Hospital María Cruz en la delegación Venustiano Carranza.
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