comunicación e información de la mujer
lunes 25 de septiembre del 2000

  • Un asunto de salud pública, la interrupción de embarazo: Ssa y Gobernación

  • En vigor, las reformas al Código Penal en el DF sobre aborto

    México DF, SEP 25, 2000 (Silvia Magally/CIMAC).- Este fin de semana entraron en vigor las reformas al Código Penal del Distrito Federal que amplían las causales del aborto --iniciativa de la jefa del gobierno del DF, Rosario Robles--, las cuales fueron aprobadas el pasado 18 de agosto por la Asamblea Legislativa.

    Las dos nuevas causales que fueron incorporadas al Código Penal son: en el caso de existir riesgo para la salud de la madre --incluida en los códigos penales de ocho estados del país-- y por malformaciones congénitas graves, que figura en los códigos de 11 entidades de la República Mexicana, quedando fuera la causal por razones económicas que hasta ahora únicamente tiene el estado de Yucatán.

    Ante la oposición de grupos conservadores que ayer domingo se manifestaron en contra de las reformas en la Asamblea Legislativa y acusaron a Rosario Robles de no haber consultado a la ciudadanía, cabe mencionar que desde el año pasado fueron más de 60 organizaciones sociales las que demandaron la ampliación de las causales del aborto durante la campaña “Acceso a la Justicia de las Mujeres”.

    En tanto, encuestas realizadas sobre el aborto en el Distrito Federal como la efectuada por Mund Servicios de Opinión, que incluyó mil 40 entrevistas, revelaron que el 88 por ciento de los capitalinos encuestados consideraron que el aborto no debe ser castigado cuando la vida de la mujer está en peligro.

    Mientras, el 75 por ciento estimó que esa práctica no debe ser punible cuando el feto presenta alteraciones congénitas. A su vez, el 82 por ciento opinó que el aborto no debe ser castigado cuando la mujer ha sido víctima de violación.

    A su vez, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio González Fernández, así como el subsecretario de Población y Asuntos Migratorios de Gobernación, José Pescador Osuna, han reiterado en los últimos días que el aborto sigue siendo un problema de salud pública.

    De acuerdo con información del Instituto Nacional de Perinatología, aproximadamente en el país ocurren cuatro millones 200 mil embarazos por año, y de éstos sólo llegan al término de gestación el 60 por ciento, el resto, es decir, un millón 700 mil se pierden en sus etapas tempranas.

    Los cálculos más conservadores indican que la mitad de esas pérdidas se refieren a abortos inducidos y que aproximadamente 850 mil casos son abortos espontáneos.

    En el terreno económico, se calcula que el impacto financiero de la interrupción del embarazo asciende a 147 millones 625 mil 200 pesos, lo cual representa pérdidas de días laborales de aproximadamente de cinco millones y medio de pesos.

    El aborto ilegal es la primera causa de muerte materna en mujeres de entre 15 y 39 años de edad. En el Distrito Federal el pago por un aborto es de tres a 15 mil pesos, muriendo aproximadamente cuatro mujeres al mes.

    Tras la llamada “Marcha por la Vida”, convocada por el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, la jefa de Gobierno del Distrito Federal hizo un llamado a la tolerancia y fue contundente al declarar que “la ley es la ley y ya está aprobada”.

    Igualmente, integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en conferencia de prensa en las puertas de la Catedral Metropolitana, desde donde Norberto Rivera apoyaba el curso de la manifestación contra el aborto, exhortaron a la jerarquía eclesial a abandonar “la intolerancia y el autoritarismo” y tomar la vía del diálogo reflexivo, plural y equitativo en torno al aborto.

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