Desestimaron la voz de los pueblos en Chiapas

En riesgo la paz nacional por la nueva ley indígena: Centro Fray Bartolomé de las Casas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 15 de agosto, 2001 (CIMAC).- Tras advertir un posible estallido social, producto del decreto de la ley indígena, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas asegura que esta ley no cuenta con la legitimidad de las personas directamente afectadas, y más aún, es un elemento que distancia el posible diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El Centro Fray, como se le conoce al organismo que durante más de seis años a denunciado sistemáticamente la violación de los derechos humanos de los pueblos indios en Chiapas, en misiva a los medios de comunicación afirma que los legisladores encargados de elaborar y aprobar la Ley de Derechos y Cultura Indígena pusieron en la mesa un factor más de conflicto.

Lo anterior, cuando al aprobar la ley en los Congresos estatales no privilegiaron la aportación indígena en el proceso de paz.

El proceso de aprobación, si bien cumple con la normatividad para el caso, continúa la carta, no tiene legitimidad ante los sujetos a los cuales esta destinada dicha ley, prueba de ello son el rechazo de los congresos estatales de Guerrero, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, estados donde se concentra la mayor población indígena del país.

A decir del Centro Fray el decreto de la Ley indígena es el resultado de la ambigüedad que el presidente Vicente Fox mantuvo desde el inicio del debate, pues desde la aprobación de la ley, el mandatario expresó en reiteradas ocasiones que era necesario mejorarla y ahora la decreta.

Aún más, la instancia de coadyuvancia en el proceso de negociación que representa al poder legislativo --la Comisión de Concordia y pacificación (Cocopa)-- elaboraba una propuesta de reformas a la ley indígena, la cual estaría acompañada de una estrategia para acercar a las partes en conflicto.

La decisión presidencial de no esperar a que la Cocopa presentara su propuesta ante las instancias federales y ante el propio Comisionado para el Diálogo, Luis H. Alvarez, es una muestra clara del desinterés en el trabajo de la comisión.

Con el presidente la deja en indefensión absoluta y cuestiona seriamente su papel protagónico en el proceso.

Las consecuencias son inminentes, advierte, el centro de derechos humanos. El diálogo entre zapatistas y gobierno federal se pospone indefinidamente, los riegos de un estallido social, --en el contexto de la ley y de la crisis del campo mexicano--, puede ser una salida que los campesinos indígenas promuevan, dado el desgaste y deslegitimación del diálogo como espacio de resolución de conflictos.

En estos momentos, con la publicación de las reformas, el Estado mexicano pone contra la pared a los pueblos indígenas. El camino legal queda clausurado hasta en tanto estas mismas autoridades no corrijan, en el marco de sus facultades, el error histórico que significa no reconocer personalidad jurídica, derechos sobre la tierra y territorios, autonomía plena y derecho a la asociación extramunicipal, concluye.