Coludidas en explotación sexual dueños de bares y autoridades locales

Evidencia Casa Alianza el tráfico de menores inmigrantes en frontera sur

México DF, 13 de febrero, 2001 (Silvia Magally CIMAC).- La organización defensora de la niñez, Casa Alianza Internacional, denunció la situación de menores inmigrantes quienes son explotadas sexualmente por dueños de bares en Tapachula, Chiapas, en contubernio con las autoridades migratorias, quienes cobran hasta 30 mil pesos por niña para hacerse “ojo de hormiga” y no deportarlas.

El informe de Casa Alianza, cuya sede regional está en Costa Rica, se dio a conocer tras una investigación realizada en la zona de tolerancia de Ciudad Hidalgo, Tapachula, -mismo que fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR)-, enlista una serie de bares y cantinas donde las menores están siendo explotadas sexualmente.

En el bar El Moderno, conocido también como La Moderna, una mujer llamada Cristina, quien dice ser la “administradora”, informó que por 10 mil pesos por cada joven, las autoridades migratorias les permiten “trabajar”, no sin antes entregar una foto y datos personales para su control.

Esta mujer, asegura que la mejor época del año son los meses de noviembre y diciembre, tiempo en que se incrementa la llegada de ilegales a esta zona, quienes buscan ir al “paraíso prometido”: la frontera norte de México.

Según su testimonio, durante operativos policíacos en el lugar, se cierran locales, retienen a las jóvenes, las forman en una fila, pero no para revisar su documentación, sino para contarlas y exigir el pago correspondiente.

En este lugar se encontraba América, guatemalteca que desde los 15 años trabaja aquí, actualmente tiene 21. Ella explica que por sus servicios cobra 150 pesos -o 15 dólares americanos-, de los cuales 30 pesos, son para la dueña del lugar y con el resto paga su habitación y alimentos.

El dueño de Las Brisas es Herminio Ventura, de unos 45 años de edad, quien con una araña tatuada en el pecho, es conocido por comerciar con las menores inmigrantes, aunque también es famoso, porque “hasta las autoridades le temen”.

El Safari es administrado por Carlos, quien dijo no contratar a menores para evitarse el pago de las multas, mientras que Amanda, la del bar Los Amigos, está sujeta a juicio por trata de blancas, tras haber sido denunciada por dos menores hondureñas, quienes les fueron vendidas por un “coyote” o “pollero”.

En otros sitios como el “Night Club Las Morenitas”, las menores de edad realizan bailes exóticos y hasta “table dance”, bajo estrictas medidas de seguridad. Este sitio es visitado generalmente por mexicanos, quienes pagan 150 pesos por sostener relaciones sexuales con las jóvenes, no más de cinco minutos.

A medida que avanza el recorrido por los antros, se tornan más peligrosos, como en el caso de la zona de tolerancia de Cacahuatán, donde se ubica el bar El Rincón o El Ranchón, sitio que según describe el informe, es grande, cuenta con una pista de baile, una caseta de baño, varias mesas y en la parte trasera se ubican los “cuartos de las muchachas”.

Las oficinas del administrador de este lugar de nombre Alfredo, están perfectamente resguardadas, incluso hay armas de fuego en las paredes. Para entrar al Ranchón, hay que ser sometido a una exhaustiva revisión por parte de los elementos de seguridad.

Alfredo, estaba dispuesto a vender por 200 dólares cada una de las tres niñas hondureñas en su poder. Dos de ellas, de 14 años y una de 13, “que sabían hacer de todo”.

Según este individuo, “contrata” a las menores por un año, --tiempo en que no pueden abandonar el lugar-, les proporciona alimentos y un cuarto por 70 pesos. Ellas deben entregar al bar, además, 70 por ciento de sus ganancias.

Así, continúa la lista de Casa Alianza que advierte que en estos lugares de la frontera sur del país, cerca de 20 por ciento de las prostitutas son menores de edad, han sido vendidas en los bares y cantinas por “polleros” que las “negociaron” hasta por 100 dólares americanos.

Todas presentan los mismos problemas migratorios, no cuentan con permisos de trabajo y son mantenidas en el encierro a fin de evitar problemas con las autoridades.

Las jóvenes aseguran que la única protección que reciben actualmente, es por parte de algunas organizaciones no gubernamentales así como del Centro Nacional de Prevención de VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (Conasida), instancias que les proporcionan condones y medicamentos, en el caso de haber contraído alguna ITS.

El reporte indica que las menores son en 75 por ciento hondureñas, 10 por ciento, guatemaltecas, otro 10 por ciento salvadoreñas y cinco por ciento nicaragüenses, “porque los clientes prefieren a las extranjeras en lugar de las mexicanas”.

Finalmente, el informe enfatiza que durante el curso de la investigación hubo resistencia y negativa de todas las instancias gubernamentales involucradas en el caso a colaborar en estudio.