Fueron trasladadas arbitrariamente del Cereso de Acapulco

Presas políticas, víctimas de anomalías por parte de autoridades: CDH

México DF, 27 de febrero, 2001 (Román González CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” denunció las graves irregularidades en el traslado de Erika Zamora Pardo y Virginia Montes González, presas políticas recluidas en condiciones inhumanas en el Centro Federal de Máxima Seguridad (Cefereso II) de Puente Grande, Jalisco.

En un comunicado, dirigido a Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia, se indicó que ambas fueron trasladadas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, el 6 de noviembre de 1999, por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva, quienes las esposaron y vendaron los ojos.

Las recluidas denunciaron que en distintas ocasiones fueron sometidas a actos humillantes y degradantes e incluso señalaron actos de tortura física y psicológica por parte de la policía, además de violaciones a derechos humanos sancionados y tipificados por la legislación nacional e internacional.

Ante este hecho, Alfredo Castillo Romero, segundo visitador del “Agustín Pro”, informó que las internas decidieron iniciar una huelga de hambre, que ya se ha prolongado cerca de tres semanas, y cuya consecuencia es un considerable deterioro de salud física y psicológica de las reclusas.

Por tal motivo, el segundo visitador pidió a Gertz Manero, en su calidad de responsable del sistema penitenciario en México, investigue esas violaciones a los derechos humanos.

El visitador refirió que el Cefereso II fue diseñado y planeado para albergar a población masculina, lo que viola el artículo 18 de la Constitución Mexicana, que establece que “las mujeres compurgarán penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Además, agregó, diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), señalan que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección jurídica de los derechos de las mujeres.

Para Castillo Romero es necesario que se asegure todos los servicios, infraestructura y recursos médicos para solucionar el actual deterioro de la salud de las internas. Asimismo, sean trasladadas a la brevedad a instalaciones apropiadas y se garantice su integridad física y psicológica.

Finalmente, indicó que en caso de confirmarse las denuncias formuladas por Zamora Pardo y Montes González, se sancione a los responsables conforme a derecho.