Problemática atenta contra los derechos humanos: especialistas

Voluntad política, fundamental para combatir violencia de género

Cancún, México, 4 de junio, 2001 (Sara Lovera, enviada CIMAC).- Al comenzar aquí el debate y análisis sobre la violencia hacia las mujeres y su vinculación con la salud, dos pautas fueron dibujadas como centrales: la urgencia de reconocer que se trata de un problema de salud pública que afecta a la mitad de las mujeres del continente, y la urgencia de políticas públicas efectivas e inmediatas, para que la violencia de género no se margine y vuelva a la invisibilidad.

En el inicio del Simposio 2001: “Violencia de Género, Salud y Derecho en las Américas, fueron Gladys Acosta, y Mary Ellsberg, quienes pusieron el tema en la mesa: o se reconoce el problema como una violación flagrante de los derechos humanos, se le miran todas sus aristas y se le otorgan recursos y voluntad política para combatirlo o el avance logrado en el siglo XX se estanca o inclusive habrá un retroceso.

En el auditorio, oían funcionarios públicos de al menos 24 países, representantes de grupos sociales y de mujeres, representantes internacionales y agencias donantes.

La situación es clara para la abogada Acosta, asesora en Género de Unicef para América Latina, los límites son evidentes: a pesar de los avances legislativos, la capacitación y los talleres de conciencia, subyace una cultura de primacía a lo masculino; justifica que en nombre del padre se nulifique la ley y existan casos bochornosos como que los jueces encargados de aplicar las leyes no las conozcan y actúen más como piensas que legalmente.

Las dificultades pueden ir más lejos. Hay que informar a las mujeres, esas que en una gran cantidad de países no ejercen o no conocen su capacidad ciudadana; todavía hay más leyes de violencia intrafamiliar civiles que aquellas que reconocen que la violencia es un delito y aún persiste el debate entre los derechos colectivos e individuales. Y el derecho, advirtió la abogada Acosta está imbuido de una visión genérica por lo que hay que prestarle mucha atención.

En su turno, Mary Ellsberg, oficial del Programa para la Tecnología Apropiada en Salud (PATH) de Estados Unidos, hizo un catálogo de cómo la violencia afecta la salud, por ello insistió en que debe ser reconocida como un problema de salud pública. Cumple con esos requisitos: su magnitud, su severidad y cómo podría prevenirse.

Las cifras son contundentes, hizo notar, más de 50 estudios en la región latinoamericana muestran que entre 10 y 50 por ciento de las mujeres son o han sido agredidas; del tres al 20 por ciento reciben golpes en el embarazo; entre 10 y 25 por ciento han sufrido abuso sexual en la niñez y ha quedado claro que el lugar más peligroso para las mujeres, es su propio hogar. De ahí que debe haber políticas y voluntad para detener el fenómeno.

En la primera sesión, denominada “Marco conceptual: bases para la acción,” más de una docena de participantes externaron sus puntos de vista. Es claro que hay instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales; es claro que tanto las agencias de Naciones Unidas como el movimiento de las mujeres hicieron posible poner el tema en el debate público, pero todavía no existe suficiente voluntad política para combatirlo.

Fue entonces que Gladys Acosta destacó que la vida de las leyes va más allá de su derogación y que en existe una reproducción cultural que sigue manteniendo como eje la autoridad masculina que justifica el sistema de corrección: los maridos golpean porque se sienten ofendidos, porque no los obedecen, porque ellos mandan; las mujeres asumen porque se creen obligadas a recibir esos golpes y a no denunciar.

Esto es parte de la falta de ciudadanía femenina, porque aún persiste el miedo y la convicción de no tener poder. Pero eso también afecta a otros sectores en la región, incluidos muchos hombres respecto del ejercicio ciudadana, lo que es claro es que no hay elementos suficientes para exigir el cumplimiento de las leyes y los mandatos internacionales.

Luego se debatió sobre si éste sigue siendo un problema de mujeres. La respuesta desde la mesa que moderaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda, que dijo que la violencia es la forma extrema de discriminación de la mujer y se reiteró que sí, que si se habla de que en nuestros países existe la violencia en un tercio de los hogares, son las víctimas hasta en 98 por ciento las mujeres. También lo son las y los niños, que la viven, y que repiten esa conducta en su edad adulta.

Durante los siguientes cuatro días el tema seguirá examinándose. La idea en el Simposio, que ha ilustrado a sus participantes con todos los acuerdos internacionales que explican, protegen y sancionan la violencia hacia las mujeres, es involucrar el sector salud, considerando que ya es tiempo de dar una atención integral a esta problemática.