Problema se ha enfrentado de manera fragmentada: Inmujeres

Necesaria política integral para combatir violencia de género

Cancún, México, 6 de junio, 2001 (CIMAC).- En México solamente el tres por ciento de las víctimas de violencia extrema acude a alguna instancia de justicia, lo que demuestra que urge una nueva política para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género, afirmó aquí la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa.

Al participar en los trabajos del Simposio 2001: “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas”, la funcionaria anunció que para enfrentar el fenómeno la dependencia que preside impulsará una nueva política que en primer lugar sea eficiente e integral, que involucre a distintas instituciones públicas y privadas, gubernamentales y de la sociedad.

Espinosa sostuvo que esa política debe ir acompañada de un sistema de información y de cambios legislativos, que coordine contenidos educativos, provoque el cambio en los medios de comunicación y comprometa a empresarios y sindicatos. En ese sentido, también juega un papel fundamental el sector salud, pero sería un error suponer que ese sector ahora, lo va a resolver aisladamente.

Con esta afirmación la funcionaria mexicana puso en la agenda del Simposio el problema de fondo, ya que, según otras especialistas, el problema de la violencia se ha enfrentado de manera fragmentada e incompleta.

Asimismo anunció, ante un selecto grupo de expertos de 30 países, que los trabajos para la formulación del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, incluirá como un eje prioritario el combate a todas la formas de violencia contra las mujeres.

Al participar en el Simposio --que se desarrolla en esta ciudad desde el pasado 4 de junio con la asistencia de especialistas, funcionarios y organizaciones dedicadas al tema en el continente, cuyo objetivo es encontrar nuevas estrategias para prevenir, detectar y erradicar la violencia hacia las mujeres, Espinosa sostuvo que el reto es complejo.

La política contra la violencia, indicó, no puede ser atendida como acción gubernamental y centralizada, de ahí que la tarea del Instituto será contribuir de manera decisiva a modificar la percepción colectiva que favorece y tolera la violencia de género y la violencia doméstica en todas sus variantes.

Luego explicó que en la última década se han buscado nuevas estrategias y que para enfrentar el fenómeno se necesita construir una amplia red interinstitucional, bien coordinada que permita el anclaje de las acciones preventivas, de detección y asistencia de los casos, haciendo posible la participación coordinada del sector salud con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el sector educativo y con las organizaciones no gubernamentales de vigilancia de los derechos humanos.

Tras enfatizar en la urgencia de cambios de actitud y en la generación de nuevas capacidades institucionales, describió algunas de las medidas que el Instituto ya ha delineado.

En el sector salud existe la Norma Oficial Mexicana para la atención médica de la violencia familiar, que es un buen instrumento que crea registros de información, vigilancia epidemiológica y que sensibiliza a los responsables de política pública, pero, es preciso, dijo, continuar con la capacitación y sensibilización en género y violencia a los prestadores de servicios de salud.

Igualmente se necesitan estrategias que hagan participar a las instituciones filantrópicas privadas, sobre todo para los casos de la tercera edad y los discapacitados, añadió.

Su plan incluye capacitar a maestras y maestros, fomentar la reflexión de madres, padres y docentes, mejorar la convivencia dentro de las familias; promover la investigación del derecho, comprometer a colegios de abogados, establecer sistemas de divulgación más eficientes. En pocas palabras hacer visible el fenómeno en el sistema educativo.

Dar continuidad a los modelos de detección de violencia intrafamiliar en menores infractores; promover la modificación de prácticas jurídicas e interpretaciones que hoy impiden la impartición de justicia; en el sector laboral comprometer a empresas y sindicatos en la lucha contra la violencia sexual en los espacios de trabajo, son otros aspectos del plan.

Estas acciones harán posible, adicionalmente, cumplir con los compromisos internacionales y darán continuidad al Programa Nacional en contra de la Violencia Intrafamiliar y hacer efectivo el compromiso de la política del gobierno de Vicente Fox sobre la equidad de género y al mismo tiempo recoger las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.