México omite aplicación de acuerdos internacionales: especialistas

Demandan acciones efectivas y garantías para terminar con la violencia

Cancún, México, 6 de junio, 2001 (Sara Lovera, enviada CIMAC).- La violencia hacia las mujeres en México debe reconocerse como un problema de seguridad y salud públicas y combatirse en proporción a las dimensiones sociales que implica, concluyeron aquí un grupo de 34 mexicanas que participan en los trabajos del Simposio 2001: “Violencia, Género y Derechos en las Américas”.

Las especialistas sostuvieron que tras 10 años de acciones, estrategias y leyes, apenas el tres por ciento de las víctimas lo denuncia, no obstante ser la cuarta causa de disminución de años de vida saludable en las mujeres.

Funcionarias públicas, federales y estatales, asesoras internacionales, integrantes de grupos de mujeres y organizaciones civiles demandaron que “si hay voluntad política, del presupuesto de seguridad pública que es cuantioso y prioritario, se destine un porcentaje suficiente para poner en marcha acciones efectivas que terminen con los ‘hoyos negros’ de la violencia, evalúen lo que se ha hecho en los últimos años y garanticen una atención adecuada tanto en el campo de la salud como de la impartición de justicia”.

Plantearon la urgencia de que los gobiernos estatales revisen y modifiquen su legislación, toda vez que sólo en 14 estados de los 32 estados de la República han promulgado leyes contra la violencia intrafamiliar --casi todas de carácter sólo preventivo y sólo cuatro han legislados sobre delitos sexuales--, lo que en la práctica hace de México un país omiso en la aplicación de los acuerdos internacionales.

Acordaron que antes de tres meses se realice un foro plural, amplio, nacional, que evalúe el camino andado y las acciones, y lo que falta por hacer para definir un nuevo plan, y se anunció que será el Instituto Nacional de las Mujeres quien lo convoque para centrar esta problemática que aún se considera “natural” por amplios sectores de la población y de la administración pública.

Expresaron que ha llegado el momento en que el gobierno se haga cargo de esta situación, ahora casi exclusivamente tarea de las organizaciones de mujeres.

En la sala, que discutía la contribución de México para el denominado “Llamado a la Acción” que producirá este Simposio continental, estaban lo mismo la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, que Angelina del Valle o Blanca Rico de la Secretaría de Salud; igual que las consultoras de la ONU Patricia Olamendi y Paz López o la Secretaria de la Mujer del PRD y las directoras de organismos de la mujer de Puebla y Guanajuato. Así como Irma Saucedo de El Colegio de México y Lucía Rayas de IPAS Internacional.

En un ejercicio de análisis y autocrítica, reconocieron que a pesar de la multiplicidad de iniciativas, acciones, planes de capacitación, el fenómeno de la violencia hacia las mujeres no ha penetrado en la conciencia de las y los mexicanos, de ahí que demandarán una mesa específica de género en la discusión de la nueva Ley de Radio y Televisión, al considerar que desde los medios hoy se crean estilos de vida y de comportamientos, y porque parecen no inmutarse ante el fenómeno.

Equiparable, por su gravedad, con la violencia que se vive en las calles que es producto del crimen y el narcotráfico, la violencia hacia las mujeres aunque deviene en homicidios, suicidios, hostigamiento, violencia en el medio indígena y la pérdida de salud mental y física, no se destinaron recursos para el Programa Nacional contra la Violencia Doméstica (Pronavi) y las instancias de protección o atención judicial especializadas se han venido desmoronando en los últimos años.

En el mismo sentido reflexionaron sobre la indiferencia de los servidores públicos de justicia, salud y otras instituciones, de cara a la deficiencia escolar de miles de niños que viven en alguno de los tres de cada de diez hogares violentos.

También se propusieron realizar un nuevo balance para una nueva estrategia, que reconozca lo que se ha hecho, dar continuidad al Pronavi, mantener campañas de comunicación con el magisterio, incluyendo el tratamiento de la resolución de conflictos en la educación formal, y encarar los mecanismos adecuados para que las instituciones de salud atiendan los casos de aborto legal, principalmente cuando el embarazo es producto de una violación.

Este primer examen general, que no se había hecho en los últimos años, donde se sumaron las opiniones de las más diversas experiencias y zonas geográficas, también reconoció que ya hay un diagnóstico del fenómeno, avances en metodologías de combate a la violencia de género, intrafamiliar, pero que prevalecen “hoyos negros”, dónde no se sabe qué pasa.