Pasar del papel a la acción en acuerdos internacionales, demandan especialistas

Más que palabras, recursos y voluntad política para enfrentar violencia a mujeres

Cancún, México, 7 de junio, 2001 (Sara Lovera, enviada CIMAC).- La violencia contra las mujeres no podrá combatirse sólo con palabras, son necesarios los recursos económicos y la voluntad política, coincidieron aquí los y las representantes de América Latina quienes examinaron los saldos de esta problemática que afecta a una de cada cinco mujeres, y a una de cada tres familias en la región.

Por consenso, más de 150 participantes en el Simposio 2001: “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas” demandaron presupuestos generosos, suficientes y bien etiquetados, nacionales e internacionales para hacer efectivos los acuerdos internacionales, las leyes y políticas de cada país, que en la práctica son sólo papeles.

El examen de la problemática concluyó que sigue siendo urgente un diagnóstico más completo de la situación en zonas indígenas y campesinas, especialmente en México y la región Andina, donde la violencia institucional y como consecuencia del racismo, tiene formas específicas y afecta de manera generalizada a todas las mujeres de las distintas etnias.

Además existe poca legislación y adecuado tratamiento conceptual del problema en las áreas gubernamentales, principalmente en los sistemas de justicia y salud.

Los participantes reconocieron que mientras la solución al problema esté sólo en manos de las mujeres y no se reconozca como una obligatoriedad de los gobiernos, el avance será nulo, y que mientras se considere que el problema es judicial y no de salud, educativo y de cambio de actitudes, no habrá avances.

De manera consensual los y las participantes coincidieron que no existe un vínculo suficiente entre la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, además sostuvieron que la reforma del sistema de salud podría impedir que estas instituciones se comprometan ha participar en políticas públicas de prevención y atención a la violencia.

Los resultados de la discusión por grupos y regiones, que formaron parte de la redacción del documento final denominado “Llamado a la acción”, establecen 18 puntos básicos de políticas que podrían convertirse en la agenda para las Américas, en los próximos años.

Entre éstos está revisar la legislación para que la violencia de género sea considerada un delito; impulsar programas integrales eficientes y con capacidad de resolución del problema.

Actualizar la legislación presupuestal, para que existan recursos definidos y claros para enfrentar a la violencia; desarrollar una cruzada continental para sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la gravedad del fenómeno que afecta a la mitad de la población de América Latina.

Establece trabajar por un cambio de actitudes entre los hombres, identificados como los principales agresores de sus parejas, e incluir en las curriculas de los profesionales del derecho, la salud, el magisterio y otras profesiones, el tema de la resolución pacífica de los conflictos, la perspectiva de género y el fomento a las relaciones equitativas y solidarias entre las personas.

Plantea modificar la legislación sobre medios de comunicación, para asegurar imágenes dignas para las mujeres y los hombres sin poder y asegurar la participación de la sociedad en las tareas contra la violencia, a través de la creación de Contralorías, Redes Comunitarias y mecanismos de información y educación.

Garantizar la defensa de los instrumentos internacionales, que como la Convención conocida como de Belen Do Pará establecen las líneas rectoras del respeto a los derechos humanos y la obligatoriedad de los gobiernos para eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres; desarrollar nuevas investigaciones sobre las características y los efectos de la violencia; crear Procuradurías específicas que den celeridad a la atención del delito y erradiquen la impunidad.

Capacitar al personal de Salud para su contribución en el campo de la violencia y su toma de conciencia, y establecer alianzas entre países, programas, medios de comunicación, partidos políticos, gobiernos y sociedad civil, para encontrar formas de cooperación regional efectivas para erradicar la violencia.