La tortura, un delito menor de baja penalización

Grave la violación de derechos humanos en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, 11 de marzo, 2001 (Paulina Ríos Olivera, corresponsal CIMAC).- En la entidad es tan grave la violación a los derechos humanos, que el delito de tortura ni siquiera es tipificado como tal, sostuvieron aquí observadores de Cristianos por la Abolición de la Tortura, (ACAT, México-Francia).

En conferencia de prensa, los observadores señalaron que las autoridades locales admitieron el problema, mismo que ha sido a lo largo del tiempo favorecido por la impunidad que prevalece en materia de justicia.

En la sede local de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Yves Mignot, miembro del consejo directivo y representante del Departamento de Acciones Internacionales de ACAT-Francia, mencionó también que las autoridades de Oaxaca reconocieron que la falta de recursos económicos es un factor que impide establecer mejores políticas de protección y prevención.

Agregó que aunque en la mayoría de las dependencias existe algún programa de capacitación de personal operativo que incluye temas relativos a los derechos humanos, advirtió se carece de información en cuanto a medidas de prevención y combate que vayan al fondo del problema de la impunidad.

Insistió en que aún cuando las autoridades reconocen el problema de la tortura se comprobó el desconocimiento de los instrumentos jurídicos para combatirlo, en especial, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Lo anterior, explica el hecho de que las autoridades en casos de tortura haya sido consignados, procesados o sentenciados, tipificados sólo como lesiones, delito de menor gravedad y pena-, por lo que aparentemente la citada ley nunca se ha aplicado, precisó.

Mignot, informó que la brigada conjunta de ACAT México-Francia constató la falta de autonomía de las dependencias que investigan los abusos de autoridad, incluyendo las torturas y los malos tratos cometidos por servidores públicos.

Destacó que la intervención de las autoridades en casos de tortura se limitan en medidas de capacitación, apertura de oficinas de recepción de quejas o mejoramiento de las instalaciones, pero no se controla la actuación de los servidores públicos ni existen mecanismos como fiscalías independientes para la investigación de los abusos.