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comunicación e información de la mujer jueves 15 de marzo del 2001 |
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Señaló que la Iglesia católica reaccionó diciendo que se trata de un producto abortivo, postura que asumen otros sectores conservadores. Por el contrario, distintas encuestas de opinión han demostrado que un alto porcentanje de la población chilena considera que debe ser aprobada y que la decisión de utilizarla o no, reside en cada persona. La Red distribuyó una declaración pública en apoyo a la aprobación del PAE, en ella se señala que los derechos sexuales y reproductivos abarcan el derecho de las personas a controlar su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto de ellas sin ser sujetos de discriminación, coerción o violencia. En Chile, advirtieron, estos derechos tienen una precaria vigencia, pues las posiciones contrarias al ejercicio de estos derechos surgen sobre todo de la jerarquía de la Iglesia católica que, históricamente, se ha arrogado el derecho de determinar la vida de las personas como “si fuéramos capaces de asumir las decisiones más adecuadas para nuestros proyectos de vida”. En ese sentido, dijeron que esto ha obstaculizado el diseño de políticas públicas centradas en el bienestar de la gente, puesto que el Estado chileno no ha tenido la autoridad suficiente para oponerse a estas presiones indebidas. Informaron que en esa nación andina ocurren 20 mil delitos de abuso sexual. Cada 26 minutos una mujer, adolescente o niña es violada. Las principales víctimas son menores de edad de 11 años, a menudo violadas por su propio padre u otro familiar cercano. También el embarazo no deseado o inoportuno son una realidad frecuente, y en muchos casos se traduce en abortos inseguros y en muertes maternas. Se calcula que al año se producen más de 160 mil abortos clandestinos, de los cuales 14 mil 400 corresponden a adolescentes. Al respecto, indicaron, que el embarazo en mujeres de 17 años ha aumentado en las últimas décadas, demostrando la carencia de una educación para vivir la sexualidad en forma responsable y la ausencia de servicios de salud reproductiva que respondan a las necesidades de este grupo poblacional. Exhortaron al gobierno chileno a no posponer el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, y a otorgar la inmediata aprobación del método PAE.
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