comunicación e información de la mujer
miércoles 21 de marzo del 2001

  • Se presentará en Oaxaca iniciativa de reformas a los códigos Penal y Civil

  • La violencia intrafamiliar afecta a siete de cada 10 hogares en México

    México DF, 21 de marzo, 2001 (Sonia del Valle CIMAC).- La violencia intrafamiliar tiene un costo en América Latina de poco más de 160 mil millones de dólares, reporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese problema a la sociedad mexicana le costará por lo menos 30 años revertir sus efectos sicológicos negativos.

    Ese problema afecta al 50 por ciento de la población femenina y está enraizada en siete de cada 10 hogares en el país.

    Desde 1996 existe una ley constitucional, ya que el Senado de la República ratificó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, así como una ley Contra la Violencia Familiar, aprobada en 1997. Aún así las legislaciones locales siguen tratando el problema desde una óptica asistencial y de reconciliación entre la víctima y el victimario, como si se tratara de un problema "privado" entre particulares.

    Para Patricia Olamendi Torres, abogada y asesora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), así como impulsora de la ley Contra la Violencia Intrafamiliar, aprobada en 1997 en la Cámara de Diputados, el problema de la violencia intrafamiliar no se ha solucionado porque el Poder Judicial no está involucrado del todo para sancionar el delito.

    Entrevistada por esta agencia de noticias, horas antes de que se presente en Oaxaca la iniciativa de reformas a los códigos Penal y Civil, así como de Procedimientos Penales y Civiles, que a su juicio, de aprobarse, sería la legislación más avanzada en esta materia, Olamendi explicó que para las mujeres denunciar los actos violentos al interior de la familia pasa por la voluntad de los ministerios públicos para que se inicie una averiguación previa.

    Prevalece, señaló, la idea de que "ya se reconciliará con el marido"; o toda esta idea de que "no lo haga enojar señora, mejor hágale caso".

    Igualmente, se cree que las instancias como los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) resolverán el conflicto, o en el caso del Distrito Federal, las Unidades de Atención a la Violencia, cuando debían ser los jueces de lo familiar quienes tendrían que tomar cartas en el asunto.

    Por ello, quien fungió como asesora para la redacción de la iniciativa que se presentará en el Congreso del estado de Oaxaca, el día de mañana, habla de una legislación avanzada.

    Destacó el hecho de que las mujeres tienen dos vías legales cuando se enfrentan ante un hecho de violencia familiar: podrán acudir ante el juez de lo familiar, a través de una controversia del orden de lo familiar, a tramitar su separación y ver todo lo relacionado con la patria potestad de los hijos, la pensión alimenticia e incluso las medidas cautelares, o podrán hacerlo por la vía de la demanda penal.

    Pero en el caso de la demanda civil, el juez está obligado a intervenir en cualquier hecho de violencia contra las mujeres y los menores. Es decir, si está ante un hecho constitutivo de un delito, como es el caso de la violencia intrafamiliar, el juez está obligado a notificarlo a la afectada, y si se trata de un delito que se persigue por oficio, como abuso o lesiones a menores, deberá dar parte al Ministerio Público para que se inicie la Averiguación Previa correspondiente.

    De esta manera la iniciativa de reforma al Código Civil y de procedimientos les da garantías jurídicas a las mujeres y seguridad, explicó.

    "Quiero ver qué ministerio público le niega esta orden al juez", exclama Olamendi, porque a las mujeres sí les niegan esta posibilidad, por eso es tan bajo el índice de denuncias en materia de violencia familiar.

    La iniciativa de ley que presentará el ejecutivo estatal, José Murat, faculta también al DIF para ser vigilante de la actuación de los jueces de lo familiar, y ya no será la instancia que resolverá estos casos. Fungirá incluso como asesora de la víctima.

    Las modificaciones al Código Civil y de Procedimientos se complementan, en materia de violencia contra mujeres y menores con las del Código Penal y de Procedimientos Penales.

    Además de que desaparece el delito de rapto, el homicidio en razón de honor --cuando un hombre encontraba a su mujer con otro a punto de consumar un acto sexual o en el momento de consumarlo--, se establece el delito de violencia intrafamiliar con una penalidad de seis meses a cuatro años y se da el concurso de delitos, es decir se suman las penas, según los delitos cometidos.

    Olamendi, ejemplifica: en el caso de una mujer maltratada por su marido, se configura el delito de violencia intrafamiliar. Ella puede acudir al juez de lo familiar a denunciar el hecho porque es causal de divorcio, pero también el juez puede orientarla si conoce que además de ser golpeada fue violada por su marido. Aquí se suman, al de violencia intrafamiliar el delito de violación, cuya penalidad se duplica por ser dentro del matrimonio, además de lesiones graves, si éstas tardan en sanar más de 15 días.

    Igualmente se dictan las medidas cautelares, como que el agresor se separe del domicilio conyugal y se garantiza la reparación del daño, sobre todo los tratamientos sicológicos.

    En el caso de menores de 12 años, se prohibe el careo con sus agresores, se agrava la pena para el delito de corrupción de menores; se aumenta la penalidad en el caso de violación simple y se duplica cuando se trata de menores de edad.

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