Organizaciones civiles iniciarán proceso de inconstitucionalidad

En vigor, nueva Ley de Niño No Nacido

Santo Domingo, Dominicana, 21 de marzo, 2001 (Mirta Rodríguez Calderón, corresponsal CIMAC).- “La aprobación de una ley que consagra celebraciones a un algo que ni siquiera ha nacido no es sólo un contrasentido jurídico y lógico, sino una imposición de las ideas de un grupo al conjunto de la sociedad”.

El planteamiento proviene de pronunciamientos que se levantan en estos días desde sectores de la sociedad civil en República Dominicana donde, de manera subrepticia, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una Ley del Niño No Nacido que, con iguales procederes silenciosos y ocultados, fue ratificada con su firma por el presidente Hipólito Mejía.

Las instituciones y personas opuestas a esta ley, y a los métodos mediante los cuales el Ejecutivo la puso en vigor, afirman que no desean “interponer criterios restrictivos a las creencias de otras y otros. Pero nos negamos terminantemente a aceptar que esas creencias se conviertan en una ley de nuestro país”.

Después de relatar una historia de esfuerzos desde la civilidad que han sido ignorados por las autoridades y por el Ejecutivo, las y los involucrados han anunciado que incoarán un proceso de inconstitucionalidad a la tal ley, que en otros países ha creado grandes dificultades desde el punto de vista jurídico, y también práctico, puesto que los juristas no saben cómo lidiar con una figura a quien se atribuye calidad de “niño” pero que carece de entidad como sujeto de derecho.

La demanda alude a que con esa ley se ignora el artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana que consagra los derechos y protección efectiva de la persona humana, viable y viva --según el Código Civil--, así como la libertad de conciencia y de cultos, preceptos que están siendo violados --dicen-- por la imposición de las ideas de algunos, quienes, por demás, ignoran la existencia en el país de otras religiones y de diferentes puntos de vista dentro de algunas de ellas.

Activistas de la Colectiva Mujer y Salud, del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF), la maestría de Género de la Universidad Tecnológica, el Comité de Unidad y Solidaridad de las Mujeres (CUDEM), el Círculo de Mujeres Médicas, y otras organizaciones, así como varias decenas de personas, reclaman la solidaridad de organizaciones internacionales y otras de la región con cartas y mensajes dirigidos al Presidente Mejía (hipolitomejia@presidencia.gov.do), al Senado (r.alburquerque@seando.gov.do) y a la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

La pasada semana en el Foro de las Américas previo a la Conferencia Mundial contra el Racismo, que acaba de efectuarse en Quito, Ecuador, participantes de numerosos países expresaron esta solidaridad y firmaron una carta-mural puesta en circulación por las representantes de República Dominicana.

El poderío de la jerarquía eclesiástica católica en República Dominicana es, hasta el presente, suficiente para imponer acciones inclusive a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y hasta al mismo presidente. Otro debate actual es el que reclama modificaciones a la Constitución. Desde segmentos de la sociedad civil se levanta ya la idea de demandar un Estado laico.

Aunque en la Constitución Dominicana se proclama un gobierno “civil, republicano, democrático y representativo”, desde 1954 se le adicionó un acuerdo conocido como “Concordato” que, de hecho, lo subordina y da poderes excepcionales al catolicismo.

El esfuerzo por hacer derogar la Ley del Niño No Nato va ganado adeptos y fuerzas a lo interno del país, y el objetivo de hacerla retroceder se va engarzando con otros propósitos actualmente defendidos por la sociedad civil.