REFLEXION

Mujeres que viven en olvido

México DF, 29 de marzo, 2001 (Soledad Jarquín CIMAC).- Son 244 mujeres atrapadas en el silencio de un reducido espacio. El espacio de sus memorias. Inocentes o culpables. ¿Dónde empieza la pesadilla? ¿Cuándo termina el mal sueño? Yolanda tiene 36 años... delito homicidio. Guadalupe 34 años... delito homicidio. María cumplió 38 años... delito homicidio. Antonieta apenas tiene 28, su delito un homicidio. Fidelina cumplió los 38, también habría cometido un homicidio. Ninfa también 38, y como sus compañeras es indígena, madre y está detenida por su participación en un homicidio.

Albina es la mayor, tiene 63 años, indígena y como las otras está acusada y sentenciada por haber asesinado a alguna persona... Cada una es una historia. Cada una es una familia rota...

Sobre sus hombros pesan sentencias de 40 años y reparaciones de daños que no podrían pagar nunca, son pobres, algunas más que nunca después de que sus “abogados” las dejaron sin nada, a pesar de las deficientes defensas que de sus casos hicieron y que incluso permitieron erróneas valoraciones por parte de las o los jueces. María Antonieta dice que cometió el delito pero fue en defensa propia. El resto se aferra a su inocencia.

La cárcel es oscura y fría, es un infierno sin límite. Marcela tuvo otra historia. Un tiempo diferente, un momento de justicia. Un milagro humano, la rectificación de un error, de muchos errores.

Fue un martes de este marzo cuando las puertas de la cárcel de Etla se abrieron y ella pudo salir del infierno. Ella terminó la pesadilla.

Marcela de Jesús Natalia es indígena, como la mayoría de las mujeres detenidas en ese penal y en casi todos los penales de Oaxaca.

Condenada a 40 años de prisión, acusada de ser “autora intelectual” de varios delitos que nunca cometió. Su historia está ligada al de otras mujeres: La abogada Ileana Aracely Hernández Gómez --hoy procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia-- recibió en septiembre del 2000 una llamada telefónica.

Del otro lado de la línea estaba Angélica Ayala, presidenta de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos. Angélica explicó a Ileana del caso de Marcela, una indígena amusga, a quien además se le habría detectado un cáncer en la matriz. Detenida desde 1998 y en cuyo caso hay muchas irregularidades.

La primera es que ella niega su responsabilidad en los hechos. Sería un asunto “social”, le dice, tras advertirle que nadie pagaría sus servicios. Ileana acepta. Irregularidades que condenan. El expediente tiene más de mil hojas. Los días y las noches no parecen ser suficientes para estudiarlo, pero existen alternativas jurídicas para apelar ante el Tribunal Superior de Justicia. En primer lugar --señala la abogada-- hay pruebas suficientes que demostraban que Marcela estuvo en un lugar diferente al que se le imputaba cuando supuestamente planeaba el asalto y crimen de sus compañeros de la radiodifusora del Instituto Nacional Indigenista.

La confesión --forzada-- de Marcela no coincidía con la versión de los supuestos testigos del crimen... pese a ello dos erróneas valoraciones de los jueces la condenaban a 40 años de prisión. Sin embargo, fue posible una segunda lectura del expediente por parte del presidente de la Primera Sala de lo Penal, misma que concedió el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho. Así, Marcela obtuvo su libertad tras tres años de silencio, de angustia, de una vida que nadie le repondrá.

En 1994, Marcela fue contratada por el INI para dirigir un programa en la radiodifusora “La voz de la Costa Chica”, gracias a que dominaba el amusgo (su lengua materna) y el castellano. Ella tenía la responsabilidad de mantener a sus cinco hijos, luego del abandono de su esposo, pero todo cambió después del 29 de abril de 1998, cuando fue detenida. Mujeres que viven en el olvido La cárcel no es sólo perder la libertad, dice Marcela en lo que podría ser un intento por no recordar nada de aquellos días. Pero afirma que la cárcel “es perderlo todo”. Mirar la historia de las reclusas es mirar la desigualdad. Detenida sin orden de aprehensión por policías judiciales del Estado, es obligada a confesar un crimen que no cometió.

Torturada psicológicamente, amenazada en tres ocasiones con ser violada por los policías si no se declaraba culpable, mientras su hijo, un muchacho de 15 años, era llevado al Consejo Tutelar también acusado de haber participado en el delito.

Estas son algunas de las violaciones a sus garantías individuales. La historia de Marcela, dice Angélica Ayala, es una historia común. “La gente pobre e indígena no tiene para pagar una buena defensa, muchas veces ni siquiera saben por qué están presos o presas”.

Se trata, agrega, de un asunto de derechos humanos porque es evidente que existe discriminación, en especial hacia las mujeres, nadie ve realmente por su defensa y son la mayoría de las veces abandonadas por sus familias.

Son mujeres que viven en el olvido, que requieren de la atención de abogadas o abogados con compromiso social, tal y como hizo Ileana (Hernández Gómez) quien gastó más de dos mil pesos sólo en fotocopias del expediente, dinero que salió de su bolsa.

El asunto, añade la entrevistada, es que existen datos como el hecho de que las mujeres que transgreden las leyes reciben hasta 30 por ciento más de penas por el mismo delito en comparación con los hombres.

Por ello, añade, tenemos que pugnar porque se instauren políticas de administración de justicia con enfoque de género, para que los procesos judiciales no se vean influenciados por conceptos discriminatorios.

“Sobre ellas está latente el abuso”, como el mismo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto López Sánchez, lo reconociera, luego de una investigación que arrojó que las reclusas son obligadas a prostituirse, como sucedía o sigue sucediendo en el penal de Ixcotel.

En ese sentido, Angélica considera importante la posibilidad de que mejoren las condiciones de las detenidas con la construcción del reclusorio femenil, pero sobre todo, lo más importante, es comprobar que realmente cometieron un delito, que realmente son culpables para merecer un castigo.

Las mujeres del penal de Etla tiene motivos suficientes para apelar a la justicia, explican, luego de ver el ejemplo de Marcela. Todas ellas, a pesar de que ya fueron sentenciadas, apelan a su inocencia, al poder humano que les devuelva su libertad, a la revisión de sus expedientes, todas ellas quieren volver a ser libres, a tener derecho a un trabajo para mantener a sus hijos e hijas, “porque nadie se imagina cómo es la vida en la cárcel hasta que se está en ella...”

A su vez, el secretario de Protección Ciudadana, Heliodoro Díaz Escárraga, informó en entrevista que la población penitenciaria femenil es de 244 reclusas, 117 del fuero común y 127 del fuero federal. Díaz Escárraga indicó que del total de la población penitenciaria sólo 4.7 por ciento son mujeres, el resto es población masculina.

Explicó que el Centro de Readaptación Social Femenil, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros y cuya construcción inició el pasado 6 de diciembre, tiene avances importantes en la plataforma de losa de piso para las torres de vigilancia, el muro de la barra perimetral y el rondín exterior.

Consideró que la conclusión de esta obra favorecerá a las mujeres que purgan condenas por la comisión de diversos delitos, ya que hasta ahora tienen que permanecer en espacios adaptados, que no garantizan ni su readaptación ni su seguridad.