Delegación mexicana presentó resolución apoyada por 50 Estados

ONU reafirma compromiso con las mujeres sobre el derecho a la tierra

Ginebra, Suiza, 2 de mayo, 2001 (Lilliam Irizarry, corresponsal CIMAC).- Leilani Farha, coordinadora del Programa sobre el Derecho de las Mujeres a la Vivienda, del Centro para Derechos sobre Vivienda y Desalojos en Ginebra, informa que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó el pasado 23 de abril su compromiso político con el derecho de las mujeres a la tierra, la propiedad, la vivienda y la herencia.

Tras una confrontación acerca del “derecho a vivienda adecuada” entre México (en defensa de ese derecho) y Estados Unidos (que negaba la existencia del derecho a la vivienda como un derecho humano), la delegación mexicana salió victoriosa: la Comisión adoptó por consenso una resolución a favor de las mujeres, reporta la revista semanal Tertulia.

Por segundo año consecutivo, la delegación de México, apoyada por unas 50 delegaciones gubernamentales tanto del Norte como del Sur del globo terraqueo, presentó para adopción una resolución denominada “Propiedad, acceso y control igualitarios de la mujer sobre la tierra e igualdad de derechos a poseer propiedades y a una vivienda adecuada” (E/CN.4/2000/L.53).

Estados Unidos respondió lanzando un ataque a referencias al derecho a una vivienda adecuada contenidas en la resolución, y argumentó que la vivienda no es un derecho humano.

La postura de Estados Unidos fue vista por muchos Estados como una afrenta carente de diplomacia, particularmente ante el hecho de que este país había reconocido el derecho a una vivienda adecuada el año pasado, cuando copatrocinó la resolución que incluía la misma referencia.

Luego de una apasionada intervención de Alicia Pérez Duarte, de la delegación mexicana, en defensa del derecho a una vivienda adecuada (apoyada inequívocamente por la Unión Europea y con la presión adicional del presidente de la Comisión), Estados Unidos no tuvo más remedio que revertir su postura.

Como resultado, la resolución fue adoptada por consenso, dejando intacta la referencia acerca del derecho a una vivienda adecuada.

En uno de los párrafos del preámbulo, la resolución recoge los hallazgos de un informe del año pasado de la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, en particular que “la pobreza de las mujeres, combinada con una falta de opciones de vivienda alternativa, les dificulta dejar situaciones familiares violentas” y que “la reubicación y el desalojo forzado del hogar y la tierra tienen un impacto desproporcionadamente severo en las mujeres”.

A la vez de alentar a la Relatora Especial a continuar tomando en consideración estos hallazgos en su futuro trabajo, la resolución exhorta a todos los cuerpos de derechos humanos, en particular al Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, a “regular y sistemáticamente tomar en cuenta la perspectiva de género en la implementación de sus mandatos y a integrar los contenidos de la presente resolución en su trabajo, según sea apropiado”.

Los países de América Latina y el Caribe que copatrocinaron la resolución son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Por el resto del mundo la apoyaron: Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Canadá, Costa de Marfil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Liberia, Madagascar, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Paquistán, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Swazilandia, Tanzania y Turquía, Zambia.