domingo 27 de mayo del 2001
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México DF, 27 de mayo, 2001
(Silvia Magally CIMAC).-
En los últimas décadas, Nicaragua ha
desarrollado diversas reformas en su legislación constitucional, penal,
laboral de las familias y en el ámbito de los derechos de los menores y la
adolescencia que han contribuido en ese país centroamericano a desarrollar
formalmente los derechos de las mujeres.Sin embargo, una conducta que ha llamado la atención, es la violencia de género por lo que la Red de Mujeres Contra la Violencia, ha demandado la protección y tutela de los derechos de la población femenina a los órganos estatales, así como las reformas a la legislación penal para que se sancione la violencia sexual e intrafamiliar contra las mujeres y las niñas.
No obstante, el Código Penal vigente en Nicaragua está diseñado desde una visión masculina, cuya diferenciación de las conductas delictivas se hacen en base en valores como el honor, la buena conducta, y la buena fama, mismas que son fuente de conductas discriminatorias contra las mujeres.
En esta década se reformaron los delitos de lesiones, delitos contra la libertad sexual o las medidas de protección. Sin embargo, siguen vigentes normas contradictorias, vacíos, e imprecisiones que se deben reformar en el nuevo Código Penal en Nicaragua, lo que representa una oportunidad para superar las discriminaciones de esta legislación contra las mujeres.
A pesar de que en 1992 la Asamblea Nacional reformó los delitos de naturaleza sexual y se eliminaron conceptos jurídicos discriminatorios basados en valores como pudor, buena fama, honra o doncellez, así como la supresión del perdón en los delitos de violación y un aumento la penalización de la violación, la legislación todavía no tipifica la violencia intrafamiliar.
Este problema demanda un abordaje sistemático y sostenida de las instancias de Estado, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general por las implicaciones que tiene para la población en Nicaragua.
Hoy el movimiento de mujeres a través de la Red de Mujeres contra la Violencia, la Coordinadora de la Infancia y los poderes Ejecutivo y Judicial impulsan en su conjunto diferentes acciones que contribuyan a la prevención y sanción de la violencia.
Ejemplo de estas estrategias es la promoción de reformas legales que consideren las necesidades y condiciones de las mujeres en los delitos que dañan su integridad y su libertad sexual, así como un acuerdo ministerial que reconoce a la violencia como un problema de salud pública.
Y también, la conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, integrada por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia.
En los dos últimos años, a partir de las evaluaciones de la aplicación de las leyes que penalizan la violencia, surgió la necesidad de llevar a cabo acciones que aborden el problema, desde una concepción multidisciplinaria , por lo que se creó el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez.
El problema de violencia intrafamiliar en naciones centroamericanas como Nicaragua será abordado durante el Simposium 2201 “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio próximo en Cancún-, bajo el patrocinio de las agencias de las Naciones Unidas y tres redes feministas de América Latina.