Pese a que los médicos del hospital regional en la ciudad de Tonalá confirmaron que una niña de 12 años fue violada por ocho militares durante cuatro horas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende ahora desmentir el hecho para limpiar su imagen.

En los estudios médicos que se le hicieron a la menor se encontró presencia de semen y señales de abuso sexual, por lo que se dio parte al Ministerio Público.

Sin embargo, la Séptima Región Militar asegura en un comunicado que las declaraciones de "María de la Luz" (la menor violada) son "falsas" en su derecho de replicar cualquier información que atenta su prestigio.

El texto añade que "la VII Región Militar hace del conocimiento de la opinión que la supuesta violación a una menor de edad por parte de ocho miembros de dicha institución ha sido falsa de origen.

"Esta joven, quien clínicamente fue revisada, descartándose cualquier abuso sexual, había sido aleccionada o adiestrada por dos mujeres, compañeras suyas, para falsear la declaración y perjudicar al propietario del establecimiento, quien ya había tenido problemas de carácter legal".

Pese a ello, reconoce que sin desestimar la naturaleza de los hechos, el agente del Ministerio Público Militar, adscrito a la 36 Zona Militar, dio inicio a la averiguación previa 36M/27/2001, para determinar en su oportunidad la responsabilidad del personal militar sobre abuso sexual.

Por su parte, el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia (PGJE), Humberto Limón Sánchez, confirmó --el miércoles 8 de noviembre-- que una niña de 12 años fue atacada sexualmente en forma tumultuaria por ocho militares en estado de ebriedad en la cabecera municipal de Tonalá.

Explicó que los militares uniformados y con armas en la cintura llegaron al restaurante El Patio, situado a unos 200 kilómetros al sur de la capital chiapaneca e introdujeron por la fuerza a la menor a un cuarto donde la violaron por espacio de cuatro horas.

Según el MP en su declaración --asentada en la averiguación previa número 681/2001 por delito de violación tumultuaria--, la menor dijo que los militares la dejaron encerrada bajo llave y huyeron a su cuartel en la 36 Zona Militar.

Más tarde, la menor fue rescatada por un niño y posteriormente trasladada al hospital, donde permaneció cuatro días en recuperación, ya que su estado de salud fue considerado por los médicos "sumamente delicado".

El personal médico que la atendió denunció que personas vestidas de civil, de quienes sospecharon eran militares, intentaron presionar a la menor de edad para no denunciar a sus victimarios.

Un día después los medios cuestionaron sobre el incidente al gobernador Pablo Salazar, quien ofreció que no habría impunidad, por lo que Salazar declaró a periodistas sobre el asunto que "en Chiapas nadie está por encima de la ley, sin importar cuál sea su actividad o cuál sea su rango, o posición social, no hay intocables".

En tanto que un portavoz de la Procuraduría de Justicia confirmó que habían solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional investigar a los militares que abusaron de la menor.

El portavoz de la procuraduría dijo que se presentaron a declarar ante el Ministerio Público dos mujeres y un hombre, una de las cuales ejerce la prostitución y se identificó como "Alexa", quien acusó a la menor de falsear sus declaraciones para manchar la supuesta reputación de los militares.

Según "Alexa" los militares no llegaron a consumir alcohol, sino a otros compañeros que uniformados y armados se emborrachan en las cantinas del pueblo.

Por su parte otro de los declarantes Francisco Gómez añadió en su testimonio que la menor no tiene 12 sino 16 años (nació en 1985); también dijo que ejercía la prostitución y padecía de hemorragias constantes.

Sin embargo pese a que la menor ejerciera o no la prostitución, la procuraduría informó que seguiría con sus investigaciones de oficio.

Sin embargo, el lunes la procuraduría se desdijo de las declaraciones de su portavoz y en un comunicado explicó que la menor tiene 18 años y que no existían elementos de acción penal.

Según la procuraduría, "el dictamen pericial emitido por la subdirección de Servicios Periciales de la Zona Costa arrojó la ausencia de rastros de violencia en la anatomía de la supuesta agraviada, y el examen ginecológico detectó una infección que fue corroborada por el médico municipal Román Antonio Balderas Juárez, quien confirmó que la denunciante padece de neumatosis uterina".

El 10 de noviembre durante su comparecencia, la agraviada señaló que se dedica a la prostitución y el sangrado es producto de una enfermedad venérea; de igual forma mencionó ante el Ministerio Público Militar que falseó información ante el Ministerio Público de Tonalá y a la policía judicial, con la finalidad de perjudicar a la propietaria del bar El Patio en donde trabajaba.

Los médicos que atendieron a "María de la Luz" señalaron que militares expresaron temor ante la presión del Ejército Mexicano, Sin embargo, añadieron, "piensa decir que además de prostituta esta demente".

En el historial de abusos sexuales o delictivos de soldados del Ejército Mexicano en territorio chiapaneco han sido múltiples, el pasado 6 de julio la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que tres militares secuestraron a Carmen Navarro Martínez, originara de San Cristóbal de las Casas.

Tras los escándalos donde se han visto involucrados los militares es la violación tumultuaria a tres mujeres indígenas en un retén en el municipio de Altamirano en la zona de mayor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, en junio de 1994.

Pese a que existe una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el caso se encuentra en manos de la Procuraduría de Justicia Militar que hasta el año pasado estuvo a cargo del ahora procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, no ha tenido avances.

La denuncia hecha ante la CIDH el 5 de septiembre por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Costa Rica, denuncia el desinterés del gobierno mexicano para castigar a los militares responsables.