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viernes 16 de noviembre del 2001
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Fueron agredidas en junio de 1994

Muy cerca de la justicia, indígenas violadas por militares en Chiapas: Juan Carlos Gutiérrez

Miriam Ruiz
cimac | México DF

Las tres hermanas tzeltales violadas por militares hace seis años en Chiapas, están a un paso de la justicia, ya que se buscan fórmulas legales para avanzar en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de México.

Así lo manifestó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), coadyuvante ante la CIDH de las hermanas Santiz, secuestradas y violadas con la complicidad de más de 30 elementos del Ejército Mexicano.

Los hechos ocurrieron en un retén militar cerca de Las Cañadas en el municipio de Altamirano, zona de fuerte presencia zapatista, el 4 de junio de 1994.

Este caso permanece hasta ahora en la justicia penal militar de México, señaló Gutiérrez en entrevista telefónica desde Washington DC, donde una delegación del gobierno mexicano, encabezada por Mariclaire Acosta Urquidi, informa a la CIDH sobre la situación nacional de derechos humanos y el seguimiento de ocho casos individuales.

En marzo del 2001, la CIDH exhortó al gobierno de Vicente Fox para investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva la denuncia de las tzeltales y determinar la responsabilidad penal de los violadores.

En la recomendación 53/01, tras considerar que el Ejército Mexicano transgredió diversos compromisos interamericanos sobre derechos humanos, la CIDH conminó a las autoridades mexicanas para enviar a la justicia civil el expediente ubicado en la Procuraduría de Justicia Militar.

La denuncia se realizó en junio de 1994 ante el Ministerio Público Federal con pruebas sustanciadas, incluyendo exhaustivos exámenes médicos, pero el Estado mexicano archivó el expediente "ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a nuevas pericias ginecológicas" ante la justicia militar.

Lograr que causas penales cometidas fuera de contextos de guerra pasen del fuero militar al civil, es una de las principales peticiones de las organizaciones de derechos humanos en México, ya que esta situación favorece la impunidad.

Es común que los citatorios para este trámite ante el Ministerio Público Militar suelan acompañarse de acciones paralelas de hostigamiento a víctimas en lo individual u organizaciones no gubernamentales, señaló a CIMAC el defensor de derechos humanos en Chiapas, Luis Menéndez.

Las circunstancias parecen repetirse en el reciente caso de una mesera de 12 años de edad, quien denunció ante las autoridades civiles haber sido violada por ocho militares en el costeño municipio de Tonalá, Chiapas, informó la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) durante el fin de semana.

La joven fue trasladada al hospital regional de Tonalá donde permaneció cuatro días en mal estado físico y moral, según el director del nosocomio Artemio Gallegos Ramos, quien declaró ante la prensa el intento de algunas personas "vestidas de civil pero con actitud militar" para presionar a la víctima a no denunciar los hechos.

El caso se encuentra en el Ministerio Público Militar, cuyos voceros aseguran que la denunciante desmintió los cargos al confesar ser mayor de edad, trabajadora sexual y padecer una enfermedad de transmisión sexual que le provoca hemorragias.

Hasta el momento, la agraviada no ha dado su versión a la prensa.







       
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