Nuestra legislación en materia de aborto, si la comparamos con la de otros países, es represiva y conservadora, lo que conlleva a efectos nocivos en términos de mortalidad femenina, manifestó el doctor Miguel Carbonell Sánchez, especialista en derecho constitucional e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal en agosto del 2000 en materia de aborto motivó a los diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad de las reformas hechas.

Para Carbonell Sánchez, entrevistado por esta agencia, si la SCJN da marcha atrás a la llamada Ley Robles violaría la Constitución, por lo que deben rechazar los argumentos de inconstitucionalidad del PAN y PVEM.

Las razones que hacen referencia los legisladores panistas y ecologistas es que en nuestra Constitución se considera que una persona tiene garantías individuales desde el momento de la concepción, hecho que rechaza Patricia Olamendi, encargada de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogada penalista, pues manifiesta que nuestra Carta Magna señala que se considera a un individuo con capacidad jurídica hasta el momento del nacimiento.

Olamendi consideró, en entrevista, que la SCJN debe resolver que la ALDF tiene amplias posibilidades para legislar sobre aborto y, por lo tanto, si la ley fue votada y aprobada no hay más que discutir.

Y agregó que el artículo cuarto constitucional señala que toda persona tiene derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos.

De acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, los elementos presentados por los diputados del PAN y del PVEM tienen un contenido conservador, que no toma en cuenta que las reformas están orientadas para que cada mujer sea libre de elegir, sin que por ello sea castigada penalmente.

Además, explica el documento entregado hace más de un año al SCJN, las reformas al Código Penal del Distrito Federal buscan evitar que las muertes por la práctica de abortos clandestinos sigan aumentando, por lo que el compromiso de las autoridades es garantizar, de acuerdo con la ley, información y apoyo a las mujeres para que libremente tomen su decisión.

De acuerdo con Carbonell, el aborto es un tema en el que han entrado casi todos los tribunales constitucionales del mundo, y la línea general que se observa, desde una famosa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, es que los tribunales han declarado constitucional los supuestos de despenalización del aborto.

El investigador aseguró que en otros países van más allá de las reformas aprobadas en la denominada Ley Robles, y que si la SCJN se pone a revisar lo que ha pasado en otras naciones, tiene un espacio más que amplio para declarar la constitucionalización de las reformas al Código Penal del DF.

Para el investigador de la UNAM ésta es una oportunidad para que reflexionemos colectivamente acerca de las ideas represivas que contienen muchos códigos penales, es también, dijo, una oportunidad para repensar el castigo a la pobreza y de género que traen consigo la prohibición del aborto.