jueves 6 de septiembre del 2001
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México DF, 6 de septiembre, 2001
(Román González CIMAC).-
Las modificaciones al Código Penal de
Chihuahua, hechas por el Congreso local, las cuales derivan en la
atenuación de las sanciones por delitos sexuales, son motivo de discusión
y puntos de acuerdo por la mayoría de las y los integrantes de la Cámara
de Diputados.Entrevistada, vía telefónica, la diputada federal Concepción González Molina, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura, manifestó que la soberanía del Congreso local no está en discusión, sino las modificaciones aprobadas al Código Penal.
Como se recordará, con las modificaciones hechas al Código Penal de esa entidad, se protege al violador, al hostigador, al abusivo sexual y al que comete estupro, al disminuir y eliminar las penas aplicables a esos delitos, con la atenuante de la provocación.
La legisladora priista destacó que en la sesión de la Cámara de Diputados del 4 de septiembre, la postura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de Hortensia Aragón Castillo, fue la de manifestarse en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del estado, que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), solicitó, respetuosamente, al Congreso local, considere la posibilidad de promover una nueva reforma para regresar al marco normativo anterior, para eliminar y subsanar los inconvenientes.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado a que con estricto respeto a los artículos constitucionales que consagran la soberanía de los estados y su derecho a formular sus propias leyes, que la Cámara de Diputados mantenga una posición de no intervenir en ninguna forma, en las decisiones del Congreso del Chihuahua”.
Sobre estas posturas, González Molina dijo que en ningún momento se está planteando alterar la soberanía de la entidad. “Sabemos que las decisiones que toman --el Congreso local-- son de ellos y no las podemos alterar, en ese sentido respetamos totalmente su soberanía”.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género reiteró que ése no es el punto de discusión: “lo que está de por medio es la defensa de las mujeres, niñas y niños para que no sean objeto de violación. Debemos dar nuestro apoyo a la población femenina de aquella entidad federativa y las acciones que se tengan que tomar”.
Explicó que las tres posturas fueron puntos de acuerdo, los cuales fueron turnados a la Comisión que preside y a la de Puntos Constitucionales, donde se van a analizar y dictaminar. Anticipó que espera sean en favor y defensa de las mujeres.
En tanto, a través de un desplegado publicado hoy en algunos medios impresos, el gobernador Patricio Martínez aseguró que en la entidad “no se protege, ni se ha protegido, ni se busca proteger a violadores, secuestradores y personas que cometan delitos similares”.
Asimismo, dijo que ante la inconformidad de la mayoría de la población, pide de manera respetuosa al Congreso local que reabra la consulta y el análisis para impulsar nuevas modificaciones, atendiendo a grupos y miembros de la sociedad que desean expresarse en torno a este tema.
El contenido del desplegado indica que en base a la petición del Ejecutivo estatal, la legislatura local reabre a partir del día de hoy un nuevo proceso de consulta.
Por su lado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), manifestó por medio de un desplegado que la serie de reformas realizadas representan un retroceso sustancial en la defensa de la mujeres de Chihuahua, pero también de todas las mexicanas.
Hace un llamado a los legisladores, gobierno y sociedad chihuahuense para detener la entrada en vigor de tales reformas, al tiempo que respalda abiertamente una nueva discusión local, amplia e incluyente, que restituya los derechos de las víctimas y cancele al máximo las posibilidades de impunidad para el perpetrador de semejantes crímenes.