La Facultad de Derecho de la UNAM cumple 50 años

Aplicar la ley para todos por igual, un requisito para lograr un Estado de derecho: Jaqueline Peschard

México DF, 6 de septiembre, 2001 (CIMAC).- Mientras las normas jurídicas no se actualicen como prácticas sociales y no cristalicen en las vías de acción de los individuos y de la colectividad, en México difícilmente se podrá hablar de la existencia de un Estado de derecho, afirmó Jaqueline Peschard Mariscal, consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En el marco del 50 Aniversario de la Facultad de Derecho de la UNAM, la única consejera electoral señaló que quienes tienen la encomienda de elaborar y aplicar la ley deben velar por su cumplimiento sin excepción. “Si los obligados a aplicarla lo hacen de manera regular y permanente, se generará un contexto de práctica y certeza de la conveniencia del uso de la ley para la construcción de un orden democrático y pacífico, que permita el desarrollo de todas las potencialidades de la sociedad mexicana”.

La también catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de El Colegio de México, explicó que el país enfrenta el reto de la construcción de un verdadero Estado de derecho, donde la convivencia social y política esté dada por el cumplimiento de las normas y leyes, y donde se asegure que se “vive en constitución y legalidad”.

Y añadió que para que las normas se conviertan en un referente de los ciudadanos y, particularmente de los gobernantes, es necesario que la actuación de ambos esté regulada por el mismo tipo de ordenamiento legal. Se requiere una cultura democrática, una cultura de la legalidad En el aula Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho señaló la necesidad de construir un Estado de derecho, no sólo en términos del conjunto de instituciones y normas, sino de imágenes y valores “internalizados” en individuos y gobernantes que lleven a la ley a ser una efectiva práctica social.

Señaló, empero, que eso no es fácil porque en México existe una tradición de relación ambigua con la ley, como ocurrió en el sistema autoritario mexicano, donde se negociaba la norma para cobijar legalmente las distintas acciones que emprendían los gobernantes.

Esta ambigüedad ante la ley es un obstáculo muy claro para la construcción del Estado de derecho y para que éste se convierta en una realidad y práctica social establecida, añadió la socióloga.

Existe una enorme desconfianza ante la aplicación de la ley, por lo que es necesario cambiar esta percepción en los ciudadanos y construir la convicción generalizada “de que lo mejor que puede pasar es que se aplique la ley para todos por igual, para gobernados y gobernantes, sin ningún tipo de excepción”.

Esto se logrará cuando haya de parte de las elites políticas, legisladores y dirigentes de partidos políticos una enorme claridad sobre el respeto a la ley y cuando no existan interpretaciones en contra de la misma. Un ejemplo de la conveniencia de ajustar los principios de la legislación para unos y otros se encuentra en el ámbito electoral, finalizó.